Por si los hallazgos de cadáveres de mujeres, lamentablemente cada vez más frecuentes, no fuera ya suficiente indicio de la inutilidad de la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en San Luis Potosí y del fracaso de las autoridades para detener esa oleada criminal, el Congreso local ofrece dos pistas de que el problema ya es inocultable en las instancias oficiales.
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Primero, la iniciativa de Eugenio Govea de elevar el rango de la pena carcelaria que prevé el Código Penal local para el delito de feminicidio de entre 20 y 40 años de cárcel a 40 y 60 años de prisión.
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Es en realidad una homologación con el equivalente penal federal, pero, según dice el legislador del Movimiento Ciudadano, el alza de las condenas obedece al crecimiento de la incidencia en San Luis.
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También mencionando ese crecimiento sostenido de la incidencia de feminicidios, la diputada morenista, Alejandra Valdés presenta la propuesta para crear una instancia coadjutora del gobierno del estado en materia de la aplicación de la AVG en San Luis.
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Ambas iniciativas coinciden en que los esfuerzos del gobierno estatal y de las alcaldías donde se aplica la AVG no han servido.
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Una propuesta, ante la incapacidad de detener los crímenes, busca inhibirlos a través de la “amenaza” de que los responsables pasen más tiempo en la prisión. La otra sugiere que el gobierno necesita que alguien esté detrás de él para aplicarla correctamente.
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En todo caso, se trata de signos preocupantes sobre la inutilidad de las acciones oficiales. Un fracaso que parece imparable.
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La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional busca, también con la presentación de una iniciativa, de propiciarse condiciones para, por sí sola, poder convocar a un referéndum a nivel local.
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El Congreso es una de las instancias previstas en el artículo 7 de la Ley de Referéndum y Plebiscito, facultadas para pedirle al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana convocar a referéndum las reformas al marco normativo estatal, incluyendo la Constitución.
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Al señalar al Congreso, da a entender que su participación debe ser acordada por la mayoría de los legisladores.
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La iniciativa presentada por Edson Quintanar reduce ese margen a sólo la tercera parte de los diputados. Es decir, 9 de los 27 legisladores.
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No debe ser una casualidad si, precisamente, son nueve los integrantes de la bancada morenista y sus aliados, lo que les daría capacidad para controlar la capacidad del Legislativo para pedir un referéndum.
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La mala noticia para Quintanar es que primero debe pasar el tamiz del congreso, en donde sólo tienen, precisamente, uan tercera parte de los votos.
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Pero como quiera, el sólo hecho de promover una iniciativa que le diera tal poder a su bancada dice mucho.
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¡HASTA MAÑANA!