En una mención literaria que seguramente no le agradará, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona le destinan tres páginas del reciente libro “La mafia verde Traición, política y escándalos del Partido Verde Ecologista”, lanzado recientemente por los analistas políticos Sofía Vásquez Sánchez y Juan Jesús Garza Onofre.
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La obra, que hace una revisión de la historia del controvertido partido, no se guarda consideraciones. El título de uno de los capítulos, “El cinismo como estrategia electoral”, apunta al talante de su contenido.
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“Ricardo Gallardo o el arte de ganar sin querer queriendo”, se titula el espacio dedicado al potosino, ubicado en las últimas páginas del libro.
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Los autores no hacen revelaciones espectaculares, sino hacen un recuento de los episodios polémicos en la vida política del soledense, incluyendo los casos de la Clínica Wong, su encarcelamiento y las investigaciones de las que ha sido blanco.
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Un perfil que, señalan, es de los que atraen al PVEM.
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El texto adolece de una inexactitud: señala que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, estuvo en San Luis para “anunciar la declinación de su partido en favor de Gallardo”. Que esa era su pretensión original no es un secreto, pero este hecho no ocurrió.
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El drama de la migración laboral hacia Estados Unidos, y de lo terrible que puede ser para los connacionales que se lanzan a buscar fortuna en aquel país, resurge con la demanda de reparación que algunos paisanos potosinos presentaron contra un grupo de explotadores laborales que los sometieron a condiciones de verdadera esclavitud.
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El caso ocurrido en 2020 y 2021, no se conocía aquí, pese a que a fines del año pasado, la justicia de EU lanzó una ofensiva que dejó a 24 personas detenidas y a tres de ellas, condenadas.
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La denuncia de los potosinos desnudan en parte cómo operan grupos de explotadores en San Luis Potosí, describiendo cómo acuden a la entidad para reclutar trabajadores, ofreciendo atractivas condiciones, que se tornan una pesadilla por los maltratos, amenazas y vejaciones que sufren.
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Lo peor del caso es que no se trata de una migración ilegal, sino del programa normado por el gobierno del vecino país para ofrecer plazas temporales a trabajadores mexicanos.
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El asunto deberá poner a las autoridades en alerta para que vigilen a quienes, en las regiones del interior del estado, realicen estas actividades.
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Mientras que autoridades potosinas se han quejado del “efecto cucaracha”, es decir, la entrada a San Luis de maleantes de otros estados que huyen de acciones policiacas para operar aquí, otros estados señalan a esta entidad por lo mismo.
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El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Víctor Martínez, pidió al gobierno federal apoyo para que maleantes de la convulsionada Tamaulipas no entraran a su estado.
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Y de paso, dijo que ante la situación grave de inseguridad de otros vecinos, entre los que incluyó a San Luis Potosí, también estarían vigilando la situación aquí. Ups.
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¡HASTA MAÑANA!