Era una consecuencia natural de la pandemia de coronavirus, que un buen número de los casos positivos de Covid fueran personas en edad laboral, empleadas en alguna de las empresas de la entidad.
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Sin embargo, sorprende el grado de afectación de la cuarta oleada de contagios en la fuerza laboral potosina.
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Casi dos mil 300 incapacidades emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social tan sólo en la primera semana de 2022. En ese lapso se cuadruplicó la cuenta, con respecto la última semana laboral de 2021.
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Hace poco se manejaba en este espacio que aún están por verse las consecuencias que dejará la pandemia a la economía del estado.
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El disparado incremento de las incapacidades implica no sólo la afectación a las personas, que deben resguardarse para romper las cadenas de contagio, sino que golpea a las empresas, que pierden una parte importante de su fuerza laboral.
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El asunto se agrava porque la economía potosina se encuentra vulnerable, con una caída en la industria, su principal fuerza y con comercios que van a enfrentar la cuesta de enero.
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Por otra parte, la atención de las autoridades está volcada a contener el impacto sanitario de la pandemia, pero ahora también deberá enfocarse al aspecto económico, para evitar que las cosas se agraven más en ese rubro.
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Muy pobre la justificación del Congreso a la aprobación del excesivo aumento de los tributos inmobiliarios que impuso el ayuntamiento de la capital para este año.
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El incremento exagerado en algunos impuestos y derechos ha generado, justificadamente, enojo y contrariedad de los causantes y los diversos actores del ámbito inmobiliario.
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Para José Luis Fernández, líder del Congreso, que aprobó sin moverle una coma la propuesta del gobierno de Enrique Galindo Ceballos, el aumento se justifica porque el abanderado de Sí por San Luis recibió “una ciudad destrozada y con gravísimos problemas”.
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La velada referencia a Xavier Nava es, más bien, un argumento político, que busca raspar al enemigo ideológico, más que una explicación técnica de los incrementos.
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También parece más bien un pretexto ante la falta de análisis de los diputados cuando aprobaron la propuesta en diciembre.
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En ese sentido, en los impuestos inmobiliarios capitalinos no se dio el populismo que el Congreso reflejó cuando eliminó el cobro a placas y licencias.
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Lo que sí evidencia este gesto legislativo es la alianza de facto entre la alcaldía de Enrique Galindo con la gallardía de Palacio y del Legislativo.
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Por lo que se sabe, el incremento a la tarifa del transporte urbano es ya un proceso automático, luego de que el Congreso diseñó un mecanismo para ese fin, a fin de evitarse el enojo ciudadano que se desataba cada que el Legislativo aprobaba el incremento.
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La decisión de anular el incremento este año, anunciada por el Ejecutivo parece destinada a abrir una controversia con el gremio transportista, que si bien suele escatimar las mejoras al servicio a las que se condiciona el alza, también ha sido uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia.
¡HASTA MAÑANA!