El intento de cinco ayuntamientos potosinos, la mayor parte del Altiplano, región de innegable vocación minera, enfrentarán la oposición legal del gobierno federal, que buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deseche las controversias constitucionales que buscan evitar que Charcas, Villa de la Paz, Guadalcázar, Zaragoza y Cerro de San Pedro, pierdan 70 millones de pesos por la Desaparición del Fondo Minero.
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No tienen una tarea fácil, pues tendrán ante sí el peso del Poder Ejecutivo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prescindió de este fondo para tener recursos a su programa de “tandas”, es decir, microcréditos entregados directamente a los ciudadanos.
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Ante eso, desde febrero, municipios de Chihuahua, Zacatecas y San Luis, se embarcaron en una defensa de sus recursos a través de la presentación de controversias constitucionales ante magistrados de la SCJN, que fueron aceptadas.
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La acción de buscar impedir que las deseche el Poder Judicial es una muestra del interés con que desde Palacio Nacional siguen el asunto.
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El caso podría tener rebotes en el gobierno de Juan Manuel Carreras López. Su colega de Chihuahua, Javier Corral, está respaldando con fuerza a los municipios de esa entidad que impugnaron. De hecho, el propio gobierno estatal presentó su propia impugnación, que a la vez, el gobierno federal busca que sea desechada.
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¿Qué postura asumirá el gobernador potosino? Las giras que ha realizado López Obrador a la entidad han expuesto la cercanía entre la administración potosina y el gobierno federal. Por otro lado, es bien conocida la repulsión del mandatario potosino a la controversia, por mínima que sea.
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No parece que el que cinco municipios de la entidad busquen recuperar 70 millones de pesos valgan el riesgo de cambiar para el gobernador.
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Es decir, que las alcaldías irían solas en esto.
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El pasado 11 de abril, la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo) aprobó un punto de acuerdo en el que se aprobaba la terminación de la comisión de Rosa María Ruiz Medellín en el Congreso.
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En marzo de 2018, Ruiz Medellín fue nombrada, presuntamente con apoyo del gallardismo, como Contralora Interna de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
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En septiembre de 2018, ya pasado el escándalo de “La Ecuación Corrupta” la funcionaria pasó al Congreso, al parecer, como cuota del gallardismo a la nueva Unidad de Evaluación y Control.
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El nuevo ente naufragó, al grado de que su titular, Héctor Mayorga Delgado, renunció hace unas semanas.
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Este movimiento parece ser parte de ese desmantelamiento, que no será gratis, pues la ahora ex funcionaria del Congreso verá cubiertas las prestaciones que recibe.
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Habrá que ver si puede hallar un reacomodo en la ASE, lo que no parece posible, por sus evidentes ligas con un pasado que en la dependencia buscan olvidar.
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En todo caso, el movimiento puede ser un punto de fricción entre las dos dependencias.
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¡HASTA MAÑANA!