De nueva cuenta, un sector importante de la población del país, quizá millones, salgan hoy a la calle para protestar en contra de lo que consideran una agresión a la democracia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus partidos aliados.
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No se puede desestimar esa expresión, no sólo por el volumen que tenga, que se espera será robusto en casi 100 metrópolis del país, pero especialmente, en la Ciudad de México, sino porque en medio de un complicado panorama político, la ciudadanía tenga la disposición de hacer oír su voz.
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En especial en un entorno en el que el desarrollo democrático está en crisis, como lo indica el reporte del INE y la Fundación Konrad Adenauer sobre el Índice de Desarrollo Democrático, en el que le fue mal a San Luis Potosí.
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Lamentablemente, este país tiene un gobierno y unos partidos políticos que no están a la altura de la ciudadanía. Como ocurrió el año pasado, el desdén será la respuesta de la 4T, mientras que los partidos políticos de la oposición, incluyendo algunos de sus militantes tratan de medrar descaradamente con la marcha, no han sabido capitalizar este descontento ciudadano.
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La SEGE hizo reconocimiento inesperado en torno a la observación de la Auditoría Superior de la Federación de que en 2021, se pagaron 2.9 millones de pesos a maestros fallecidos.
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Sí, utilizó la gastada muletilla de los malosos legados para achacar la observación a la pasada administración, pero también señaló que en los primeros tres meses de este gobierno, la anomalía se repitió.
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También se esperaba una justificación, que en este caso fue la generalización de que en todos lados ocurrió.
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Pero no pasa desapercibido que en un entorno en el que, desde su posición más alta se dicta que reconocer fallas es anatema, la SEGE caminó a contracorriente.
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Pero no es el único problema del sector educativo. Los jubilados de la Sección 26 del SNTE vuelven a protestar por las presuntas irregularidades en un fondo de retiro cuyos recursos desaparecieron.
Los señalamientos van contra la secretaría, peto también contra la dirigencia del sindicato magisterial. Las explicaciones son obligadas.
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Hace unas semanas, la Junta de Coordinación Política del Congreso había aprobado un punto de acuerdo en el que ordenaba abrir una investigación para sancionar deficiencias en la defensa de un laudo que generó un impacto millonario al presupuesto legislativo.
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En esa ocasión, se habló que el laudo bajo sospecha era el 211/2019/E-5, que correspondía a la exoficial mayor Marcelina Oviedo Oviedo, separada de su cargo a principios de 2019.
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Sin embargo, la Junta tuvo que corregir, pues cometió un error garrafal, pues en realidad, el expediente en duda era el 36/2020/E-1, que corresponde a otro juicio polémico: el de la ex coordinadora de Finanzas, Martha Elva Zúñiga Barragán. Será interesante saber a qué se debió la confusión, porque la duda ya está en el aire: ¿fueron dos los laudos millonarios que se dejaron perder?
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¡HASTA MAÑANA!