¿Cómo estarán las cosas, que el estado de San Luis Potosí, sexto lugar nacional violencia contra las mujeres, en la actual coyuntura tiene 9 candidatos a la gubernatura y de ellos, solo dos mujeres, por cierto, expuestas a la violencia política de género, como suele suceder en instantes de campañas electorales? Hay siete candidatos varones, como igual número de propuestas que no pensaron en mujeres.
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Ese sexto lugar es un dato de la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, con datos no necesariamente reveladores del todo, si se considera que, a nivel nacional, un alto porcentaje de delitos no forman parte de las denuncias y por lo tanto, se encuentran fuera de las estadísticas. Datos reveladores de organismos como Impunidad Cero, insisten en que sólo el 10 por ciento de los delitos son denunciados ante el Ministerio Público.
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Para las alcaldías la cosa pinta similar. Ni siquiera para planear la funcionalidad de un estado, se pensó en abrir más espacios a las candidaturas para mujeres. La fórmula de San Luis Potosí en las boletas electorales para los candidatos hacia ambos niveles de gobierno ofrece un muy marcado desequilibrio. Sólo un poquito más del 20 por ciento de las boletas electorales corresponderá a las dos únicas mujeres que quieren ser la gobernadora de San Luis.
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Está por verse el tono de las campañas negras, y en qué medida los denuestos y reclamos se van más sobre las mujeres que los varones. Hasta en eso es previsible el desequilibrio, sobre todo si se considera que, entre los candidatos a la gubernatura, por lo menos hay dos varones que en forma prematura fueron señalados por condiciones impresentables, y sus acciones susceptibles de reclamo son menos famosas que las que aquejan al currículum de las mujeres, o por lo menos de una de ellas.
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Para el caso de las conductas delictivas, lo cierto es que no todas las mujeres hacen valer su derecho a una vida libre de violencia. Los datos estadísticos son apenas una caricatura de la verdadera gravedad del problema, sobre todo en casos donde los violentadores ven la paja en el ojo ajeno: políticos que hablen del respeto a las mujeres y luego son exhibidos por alguna acción contraria a sus dichos, autoridades que por un lado dicen respetar las condiciones de género y colocan murallas frente a las fachadas de sus palacios, o tomadores de decisiones que en medio de su propia cobardía, más bien parecen tocados por el trauma misógino.
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Y mientras ello ocurre en el marco del Día Internacional de la Mujer, a nivel de tenencia de la tierra se cocina un desencuentro legal entre los 36 núcleos agrarios y la Comunidad y el Ejido de San Juan de Guadalupe, con el gobierno federal, porque los funcionarios del palacio amurallado en el Día Internacional de la Mujer, pretenden expropiar cientos de miles de hectáreas para el área de reserva natural protegida de la Sierra de San Miguelito, en principio sí, para proteger la flora y fauna de la zona, pero de acuerdo a los propios representantes de los núcleos agrarios, pasando por encima de derechos ganados con cientos de años, de la historia y la cultura de los sitios.
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Es un litigio que se antoja largo, y que para alguna de las dos partes representará la pérdida de sus intenciones. Sin embargo, si el Gobierno federal pierde, será la segunda ocasión en que, en su historia personal, el actual presidente de México enfrente un revés como el que ya se dio de manera legal con un predio denominado El Encino en la Ciudad de México. La terquedad o por pasar por encima del propietario, dejó entrever que las decisiones suelen involucrar la capacidad de generaciones sin importar a quién le afecte.
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¡HASTA MAÑANA!