El litigio entre el Ayuntamiento de la capital, encabezado por Xavier Nava Palacios, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), presidida por Jorge Andrés López Espinosa, tiene tonos claramente “pejianos”.
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Ambos mandatarios, Nava y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han enfrentado a posicionamientos y opiniones adversas de los órganos defensores de los derechos humanos de sus respectivas jurisdicciones.
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La respuesta ha sido la misma: el enfrentamiento directo.
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En el caso potosino, la recomendación vinculada al incumplimiento de los procedimientos para incluir a toda la población indígena de la capital en el diseño del plan municipal de desarrollo, ha provocado una airada respuesta municipal, que ha llevado a la alcaldía incluso a desconocer una recomendación emitida al gobierno navista.
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A esto le acompañó la decisión de la CEDH de retirarse de los operativos antialcoholes realizados por el Ayuntamiento.
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La administración municipal decidió ignorar a la CEDH y esperar a que un fallo judicial defina
la situación.
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En la CDMX, los llamados de la CNDH al gobierno de AMLO le ha valido críticas e incluso, el señalamiento de que la Comisión no tiene calidad moral para realizar esas críticas.
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Tenemos entonces a dos autoridades que reciben de muy mala manera los señalamientos de sendos órganos autónomos. En cualquier caso, el mensaje es sumamente negativo, pues hace pensar que ambas administraciones sobreponen sus intereses a la obligación de escuchar a las respectivas comisiones.
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Hablando de la CNDH, el panorama que apunta en su reporte anual sobre el delito de la trata de personas es desalentador para San Luis Potosí.
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Si bien la incidencia no es tan alta como en otras entidades, el hecho de que aun habiendo denuncias e indiciados, en el estado no se conozca ningún caso de sentencia evidencía un escenario de impunidad.
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Como en muchos otros delitos, el de la trata no encuentra castigo en San Luis Potosí.
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Otro pago irregular en el Congreso del Estado pone en tela de duda el sistema mediante el cual el Legislativo maneja los recursos destinados a asesores y colaboradores externos.
Ahora no se trata sólo de un oneroso pago, sino de una aparente irregularidad, pues el Congreso primero entregó el cheque por cien mil pesos para pagar servicios profesionales relacionados con litigios laborales, y luego la Junta de Coordinación Política (Jucopo), una semana después, aprobó el pago.
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La probabilidad de que el Congreso haya realizado una erogación no autorizada eleva la problemática al de por si polémico sistema de pagos de los diputados. Por si algo les faltara.
¡HASTA MAÑANA!