Otra muestra de la alianza entre el gobierno del estado y el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, José Antonio Salcido López, fue la rápida maniobra mediante la cual la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de la administración de Ricardo Gallardo Cardona le concedió el permiso para vender alcohol durante el evento.
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A través de una solicitud de información, se obtuvo información que reveló que el mismo día en el que la Arena era inaugurada por Gallardo Cardona, Salcido López envió a José Concepción Gallardo Martínez, el oficio en el que solicitaba la autorización para la venta de bebidas alcohólicas para “consumo inmediato”. Para efectos de normatividad, el nuevo espacio fue clasificado como “centro de espectáculos”.
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En sólo 4 días, la DGG realizó un estudio sobre la viabilidad, lo mismo que recabó las opiniones emitidas “por dependencias relacionadas”, por lo que estuvo en condiciones de otorgar la licencia temporal, de las 23 a las 02:00 horas ente el 14 de octubre y el 3 de noviembre para el Campeonato Nacional Charro.
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Otra revelación es que ese torneo no fue sólo un evento deportivo, sino también musical.
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Quizá eso explique por qué la DGG no emitió una autorización distinta para el concierto de los Tigres del Norte, que se celebró en el periodo en el que los charros compitieron.
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Así, en menos de una semana, mediante la licencia temporal 339/2024, la Federación Mexicana de Charrería se hizo del negocio de la venta de bebidas alcohólicas para su evento.
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Mientras que en el Congreso ya empieza a manifestarse la oposición de las bancadas verdes y aliadas contra el alza de la tarifa al agua potable presentada por el Interapas, en el Cabildo, los regidores de esas fuerzas políticas apoyaron el incremento de los valores catastrales, que son la base del predial.
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Llama la atención el trato diferenciado en ambas instancias en donde se involucra a la misma contra parte, la alcaldía capitalina, que usualmente no recibe buen trato de los verdes y aliados.
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Tampoco escapa a la atención que en ambas situaciones, el fin es recaudatorio. Uno con mayor alcance, el del predial, que impactará en los bolsillos en general y es el que tiene el visto bueno de los regidores verdes.
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En lo que respecta al alza de las tarifas de agua a los sectores empresariales y comerciales, su destino es aún incierto.
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Lo que parece concretado, al menos en el caso de los valores catastrales, es el impacto a los bolsillos.
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¡HASTA MAÑANA!