La muy grave realidad de las sedes de detención tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí, es sólo un ejemplo de la crisis institucional de procuración de justicia con la que los organismos operadores de la esfera penal llegaron al sistema acusatorio moderno, en sus ordenamientos e inoperante en la práctica.
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La ejecución de penas y medidas de seguridad que incluyen el aseguramiento preventivo de detenidos parece nunca haber evolucionado, puesto que conservaron su trabajo operadores del sistema penal que provienen del anterior procedimiento penal inquisitivo, aquel que por sus ordenamientos había envejecido y en el que la violación a los derechos humanos se convirtió en materia de cada día.
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Es penoso que sólo unos cuantos abogados especializados se introducen de lleno al tema de la procuración de los derechos de los detenidos e imputados, y más penoso aún es el caso de aquellos que ponen énfasis en las condiciones bajo las que son detenidos sus clientes para acreditar el debido proceso o el incumplimiento de éste.
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Como siempre, tienen que intervenir organismos operadores de Derechos Humanos para acreditar que el incumplimiento del Protocolo de Estambul ni siquiera existe en la práctica cotidiana, o incluso los operadores del sistema penal lo ignoran. Arrancar confesiones para forzar pruebas de acuerdo a los informes de Derechos Humanos todavía es una práctica aún en el sistema donde los jueces deberían hacerse responsables de exigir la carga de la prueba al ministerio público y no únicamente
una confesión.
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La incomunicación de detenidos es todavía una práctica recurrente que por ejemplo a un prestigiado despacho jurídico de la ciudad le ha dado materia para conseguir la declaración de nulos para los procesos penales de detenidos con potencial posibilidad de demostrar su inocencia. Imagínese, amable lector, leyes laxas y criterios regresivos como la eliminación de la presunción de inocencia en la extinción de dominio en las manos equivocadas.
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Es tan poco el énfasis en el verdadero combate a la delincuencia que por ejemplo robar en un parque recreativo y vaciar de inmediato las tarjetas es cosa fácil. No es fácil precisamente por vaciar las tarjetas, sino por la dificultad de hallar a los responsables aún y con materiales de apoyo tales como videos y el registro de los movimientos de dinero.
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Con todo y ello, y a pesar de que desde 2014 San Luis Potosí cuenta con el sistema penal acusatorio y un proceso de perfeccionamiento de la investigación criminal, y el 18 de junio de 2016 venció el plazo para la implementación, aún ahora el sistema de persecución del delito presume inmadurez y falta de compromiso o incluso probable corrupción de algunos operadores.
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¡¡HASTA MAÑANA!!