En medio de su peor crisis de credibilidad, por el oneroso y sospechoso esquema de engordar la nómina por honorarios u otros mecanismos distintos a los que se usan con los trabajadores de planta, el Congreso, específicamente, su Comisión de Vigilancia, demuestra una gran insensibilidad.
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Sin ver la tormenta en la que están metidos, los legisladores integrantes de esta comisión presentan una propuesta de presupuesto para 2020 que incluye la generación de tres nuevas plazas, para las que se pretende asignar más de un millón de pesos de ingresos.
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Con ello, la comisión encabezada por José Antonio Zapata Meraz, demuestra una gran insensibilidad. Pero al ser su vicepresidente el morenista Edson Quintanar, criticado por su actuación en la Junta de Coordinación Política, esa postura cobra sentido.
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Los diputados deben saber que están estirando la liga demasiado, ya que la ciudadanía está más al pendiente de sus actuaciones.
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Deberían verse en el espejo de sus antecesores. No se puede decir que se les haya aplicado plenamente la justicia por sus trapacerías, pero indudablemente que la diputación de “La Ecuación Corrupta”, han sorteado problemas inéditos para cualquier otra legislatura del pasado. Y eso podría repetirse en ésta.
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El principal mensaje del bloqueo de ayer en la Zona Industrial, realizado ayer desde muy temprano por conductores asociados a la plataforma Uber, es que ahí también están dispuestos a manifestarse, sin tentarse el corazón por causar condiciones claramente lesivas para los derechos de terceros ajenos al conflicto.
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Así, Uber, o al menos sus conductores, decidieron dejar atrás lo que los diferenciaba del gremio taxista tradicional: una reacción menos visceral y de confrontación ante los reveses.
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Y vayan que los han tenido. No sólo los propinados por el Congreso desde el ámbito legal, o por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal, por la vía persecutoria. Sus más peligrosos adversarios han sido sus colegas taxistas, que han llegado hasta a la violencia para entorpecer sus labores.
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Hasta ahora, en el conflicto del transporte urbano en su modalidad de alquiler de autos, los taxistas eran los de las posturas más radicales, con protestas en el Congreso y marchas por la ciudad, pero no habían rebasado la línea del bloqueo de una vía de comunicación.
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Los conductores de plataformas lo hicieron ayer. Y supieron dar el golpe en un sitio neurálgico: la Zona Industrial. Así, empresas y trabajadores fueron víctimas colaterales de la decisión legislativa de endurecer las medidas contra Uber, en favor del taxismo tradicional.
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Ese problema ya es el problema de los afectados. También debiera ser de las autoridades, de las legislativas y las del Ejecutivo, pues en parte lo propiciaron.
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Pero la postura de extrema cautela que adoptó el gobernador Juan Manuel Carreras López, al acudir a la perogrullada de que respeta las decisiones del otro poder, hace pensar de que la administración quiere huir de esta situación.
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No lo pude hacer. Si cientos, quizá miles de personas, van a sufrir por los bloqueos generados por este conflicto, el gobierno del estado está obligado a buscarle una solución.
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Quedar bien con todos, una de las actitudes favoritas de esta administración, no puede ser ahora el modo de afrontar el problema. ????
¡HASTA MAÑANA!