A punto de terminar enero, el Ministerio Público cuenta ya ocho asesinatos de mujeres en la entidad. Se trata de una muy alta cantidad de muertes si se considera que no debería ocurrir ni una.
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Hasta ahora se desconocen los motivos o en su caso los móviles de los crímenes, pero en el caso de San Luis Potosí la normatividad permite que el Ministerio Público inicie las investigaciones con protocolo de feminicidio.
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En días recientes, usuarios de Facebook publicaron comentarios que en la ruta de su mensaje sugieren una abierta provocación o violencia de género, para aspirantes a cargos de elección popular. Es frecuente aún ver hombres de diferentes niveles socioeconómicos hostigando jovencitas en la vía pública.
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También es común encontrar ciudadanos críticos que suelen ser muy agresivos al referirse al honor de las mujeres, y perdonar los mismos agravios a los hombres.
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La violencia de género es cosa de todos los días y hasta en sectores antes insospechados. Sus manifestaciones son múltiples y no hay quién le ponga freno. Por mucho, organismos defensores de Derechos Humanos, ministerios públicos especializados o la Fiscalía General, encuentran líneas de investigación para determinar si la muerte de una mujer está considerada como feminicidio, o se trató de un hecho delictivo clasificado como homicidio de persona de sexo femenino.
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Sea cual sea el móvil, la línea de investigación debe llevar al encuentro con el criminal para asegurarse de que un delito no quede impune. Con independencia de que hay organizaciones civiles defensoras cuyos integrantes suelen no saber identificar la diferencia entre un homicidio de una mujer y un feminicidio en términos legales, lo cierto es que el asesinato de mujeres se está convirtiendo en una un hecho progresivamente más frecuente.
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Mientras ello ocurre en términos de procuración de justicia, las áreas de seguridad preventiva tienen mucha tarea, y su replanteamiento debe comenzar por el rediseño de las reuniones de seguridad pública, que en el esquema que actualmente se desarrolla por día, pudieran ser las responsables del contagio de coronavirus COVID-19, que mantiene hospitalizados a tres funcionarios, dos de ellos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y al delegado de la Fiscalía General de la República.
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Si bien los asuntos que se pueden tratar son de extrema delicadeza, nada mal haría a las autoridades de los tres niveles de gobierno, inventar un esquema de mayor distanciamiento, escoger un lugar amplio y sin aire acondicionado, proporcionar servicio de alimentación en caso de que se trate de un desayuno, separando los platillos de cada funcionario, y evitar el intercambio de papelería lápices y cualesquiera otros objetos que pudieran tocar uno y otro, y sobretodo presentar diariamente reportes digitales previamente preparados para disminuir el tiempo de permanencia en las reuniones de seguridad.
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¡¡HASTA MAÑANA!!