Nueva hornadaBajas priistas

No queda bien parado el Congreso del Estado en su discurso de la austeridad y el control de gastos, tras conocerse el notorio incremento en la polémica nómina de empleados por honorarios.

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La información que revela explica por qué la Junta de Coordinación Política (Jucopo) incurrió en opacidad al pretender ocultarla en sus actas de sesión.

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Lejos del discurso de la austeridad generada por un manejo más eficaz de los servicios personales, esta legislatura agregó 23 elementos más a la lista de trabajadores pagados por honorarios.

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Y lo hizo a la primera oportunidad que tuvo en el inicio de sus funciones. 

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Por otro lado, si bien el incremento monetario es quizá más bajo de los esperado, en comparación con el número de nuevas altas, se registra un incremento de 200 mil pesos en la ya de por sí onerosa partida mensual para esta modalidad de pago.    

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Además de estas polémicas, no hay que olvidar que la Auditoría Superior del Estado (bajo fuego legislativo actualmente) ha señalado diversas irregularidades en el manejo de la partida de honorarios del Congreso en los dos últimos años.

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Parece que se enfila a un tercero. 

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De nueva cuenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pierde a un cuadro que llegó a tener funciones de liderazgo. Se trata de Víctor Coronel, ex líder de la Confederación Nacional Campesina en Rioverde.

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Coronel es una de las más recientes víctimas de la violencia que azota al estado, en este caso, Rioverde, donde el ex líder campesino fue ejecutado mientras atendía su negocio.

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En circunstancias distintas, es el tercer cuadro dirigente que pierde el partido de manera violenta en los últimos años.

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En febrero de 2015, la dirigente tricolor en Lagunillas, Cecilia Izaguirre Camargo fue asesinada en ese municipio, en un entor-

no preelectoral.

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En enero de 2020, el ex dirigente estatal Aurelio Gancedo fue víctima de un terrible asesinato, que sacudió al partido.

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Y ahora, Víctor Coronel.

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El caso de Izaguirre Camargo se mantiene en la impunidad total, pese a los indicios que existen contra un probable responsable. El ingrediente político está presente, mientras que está ausente en

el caso de Gancedo.

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Tampoco es visible en el caso de Coronel. Parece más asun-

to delictivo.

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En los tres casos, la reacción del PRI se orienta a dolerse por las pérdidas y a tibias peticiones de justicia.

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Y luego, parece desentenderse. No reclama, no exige celeridad a la Fiscalía. Incluso, en el caso de Lagunillas, parecía que el partido prefería que el asunto se olvidara.

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En ese sentido, parecería que al PRI, estos lamentables casos, son asuntos en los que el partido tiene una actitud fría. Los que la sufren son sus militantes.

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¡HASTA MAÑANA!