Desde el principio de esta administración, el manejo de la obra pública ha sido un tema controvertido. La opacidad con la que la administración de Ricardo Gallardo Cardona y su Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) ejerce los recursos destinados a ese rubro es la causa principal, pero también contribuyen la falta de respeto a las normas legales y la discrecionalidad en el reparto de contratos.
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El periodista Juan José Rodríguez Medina expone lo anterior en sus “9 Esquinas” de hoy, mencionando vínculos ya conocidos, como los de las constructoras de Matehuala que, con varios nombres repetidos en sus listas de socios, ha conseguido contratos millonarios que se mantienen bajo la más extrema secrecía.
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A estas empresas corresponden los contratos que la titular de Seduvop, Isabel Vargas Tinajero, ha mantenido celosamente ocultos, al grado de dejar al gobernador Ricardo Gallardo, un mandatario que presume de un gran control de su gabinete, ignorado totalmente, como dice Rodríguez Medina en su columna, al desobedecer órdenes directas de cumplir con las obligaciones de transparencia vigentes y revelar
los documentos.
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Pero la columna también señala que las constructoras foráneas, amplias ganadoras de la bolsa de contratos, también coinciden en dos destinos, Chiapas, el otro feudo del PVEM, y Tabasco.
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El hecho de que haya varios casos de proyectos que inician cuando aún no se realizaban las licitaciones respectivas es otra de las revelaciones de la columna de hoy, situación sumamente llamativa, por la apariencia de ilegalidad que deja. En suma, se pone en evidencia que en materia de obra pública, el gobierno gallardista deja expuestas grandes interrogantes.
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Pese a que el gobierno estatal, el Congreso y el ayuntamiento capitalino aseguran que en el caso de Pozos, todos garantizan que los derechos de los habitantes del nuevo municipio no sufrirán inconvenientes, la realidad es que ya se están viendo las consecuencias de la falta de consensos en la declaratoria.
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Oficinas cerradas y trámites paralizados son los primeros indicios de que los poceños no están saliendo indemnes en
este proceso.
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El diputado local del PVEM, José Luis Fernández, reveló en entrevista con pulso Online que el último encuentro con el gobierno de Enrique Galindo Ceballos ocurrió en diciem-
bre pasado.
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Es decir, transcurrieron 7 meses sin que ambas instancias dialogaran para prevenir lo que hoy se está empezando a ver.
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El resultado es una muestra más de que la rivalidad política entre el gallardismo y sus opositores contamina y complica la vida pública del estado.
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¡HASTA MAÑANA!