“Sí su señoría”, respondió la doctora Mónica Rangel Martínez a la pregunta del juez de control: “¿Admite usted su responsabilidad por el delito por el cual se le ha acusado?”.
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Así, la ex secretaria de Salud que fue presumida como funcionaria modelo a nivel nacional y que llegó a la candidatura al gobierno del estado por el partido en el poder a nivel nacional se reconoció como culpable de cometer un delito.
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La doctora fue ayer protagonista de un hecho pocas veces visto, si no es que inédito en San Luis: el castigo a una servidora pública por delitos relacionados con la corrupción, pues el de ejercicio abusivo de funciones públicas se ubica en el Título XVI del Código Penal del Estado, relativo a los Hechos de Corrupción.
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Así, los señalamientos que nacieron en denuncias mediáticas y de organizaciones ciudadanas sobre las múltiples anomalías que cometió la exfuncionaria tuvieron una consecuencia trascendente, reflejada en el hecho de que Mónica Rangel es hoy una convicta confesa.
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El modo en el que se resolvió el caso, sin embargo, genera una sensación incómoda porque deja en el aire la sensación de que, con todo y el castigo, persistió la impunidad.
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Jurídicamente, el proceso contra Mónica Rangel fue impecable, pues cumplió la doctrina del nuevo sistema penal, que es el de lograr una conciliación entre acusado y acusador, evitando la prisión para el primero, y la reparación del daño para el segundo.
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Pero quedan algunas dudas. La primera ¿se va a conformar el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con la recuperación de 22 millones de pesos, cuando desde el primer día de su gobierno, ubicó los desvíos en mil 700 millones de pesos?
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Si esta administración no persiste en su intención de recuperar ese dinero, le concedería la razón al columnista Juan José Rodríguez medina, que en sus últimas “9 Esquinas” indicó que el caso Rangel probaría que desfalcar el erario es un buen negocio, aún pasando el trance de un juicio.
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Hay que tener presente que esta condena fue exclusivamente por el hecho denunciado, la compra irregular por 32 millones de pesos de insecticida para controlar el mosquito del dengue.
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A la larguísima lista de hechos sospechosos atribuidos a la doctora se le podría aplicar las mismas acusaciones. Esto es importante.
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Por otro lado, ¿fue un proceso dirigido a obtener este resultado? El 13 de abril, un día después de que la doctora Rangel Martínez fuera detenida, la Fiscalía General del Estado reveló los delitos que se le imputaban: uso abusivo de la función pública, asociación delictuosa y fraude. Y también el plazo por el cual podría ser condenada a prisión: hasta 27 años.
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Poco más de un mes después, el fallo es una condena de 4 años y 10 meses por los dos primeros delitos.
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El fraude desapareció sin explicación alguna. No se sabe si la defensa pudo desestimar la acusación o fue retirado. La pena mínima prevista en el Código Penal del Estado para este delito es de 8 años la mínima y la máxima, de 12.
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Quién sabe si por casualidad, el lapso de la condena estuvo por debajo del límite de cinco años, lo que le permitió a la defensa acogerse al mecanismo de suspensión condicional de la pena, y lograr excarcelar a la doctora.
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Si hubiera persistido el delito de fraude, esto no hubiera sido posible. ¿Por qué se mencionó de inicio el fraude y luego desapareció?
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¡HASTA MAÑANA!