Con una muy conveniente ceguera, el gobierno del estado pretende saldar la deuda con Pensiones, misma que se ha disparado en la administración de Ricardo Gallardo Cardona.
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La iniciativa básicamente pretende que la verdadera causa del colapso de los fondos de retiro de la burocracia y el magisterio, el adeudo de más de cuatro mil 600 millones de pesos, tres cuartas partes de esa suma generadas en este gobierno, se salde con recursos presupuestales anuales, aportados por las dependencias involucradas en el pasivo, es decir, la SEGE y la Oficialía Mayor.
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Siguiendo con la política de escurrir culpas, la iniciativa del gobernador para reformar la Ley de Pensiones culpa a sus antecesores de los malos manejos y el desdén que sumió a Pensiones en una situación económica desesperada.
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Sin embargo, “olvidó” mencionar que el pasivo de la Secretaría de Finanzas con el sistema de retiro, que sí heredó de sus antecesores, creció casi cuatro veces en los menos de tres años que lleva este gobierno.
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Es bajo ese esquema en el que ahora pretende saldar el pasivo con recursos frescos sin explicar qué pasará con los miles de millones de pesos descontados a los trabajadores de la burocracia y el magisterio y que, para decirlo llanamente, este gobierno ha gastado sin rendir cuentas.
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Es de esperarse con un Congreso dominado por aliados y con una oposición de caricatura, la propuesta sea aprobada
sin problemas.
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Leticia Vargas Tinajero lanzó una nada convincente respuesta sobre la pretensión de su dependencia, la Seduvop, para esconder a toda costa los contratos que otorgó para las obras de
la Fenapo.
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De hecho, no explicó nada ante los cuestionamientos sobre los motivos del desafío que lanzó a la CEGAIP al buscar un amparo federal para bloquear un fallo que disolvió la injustificada reserva por cinco años que pretendió imponer la Seduvop a
la información.
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Sólo que en este asunto, la Seduvop se conduce con apego a la ley.
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Por otro lado, quizá la parca reacción se deba a que ya están conscientes en la Seduvop de que el amparo tiene casi asegurado
el naufragio.
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Y es que, como han apuntado ya algunos especialistas, existe una restricción constitucional para los sujetos obligados al cumplimiento de las normas de transparencia para impugnar las resoluciones de los órganos reguladores de la transparencia, desde el INAI hasta los órganos estatales, como la CEGAIP. Más aún, las propias leyes le dan un carácter de “inatacables” a los fallos de estos organismos.
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Es decir, que lo más probable que ocurra es que el Juzgado Segundo de Distrito sobresea el amparo y deje sin escapatoria a la Seduvop.
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¡HASTA MAÑANA!