Omisión ambiental El DIF se pelea

Recientemente, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) se embarcó en un litigio con una organización ambientalista por las deficiencias en la medición de la contaminación atmosférica en la capital.

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Pese a las pruebas recabadas, la dependencia estatal no cedió al señalamiento de que cumplía completamente con esa obligación.

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Hay otro asunto en el que el incumplimiento de la Segam es evidente, y está ligado también con la contaminación atmosférica: el problema de las ladrilleras.

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La capital tiene décadas viendo como sus cielos se contaminan diariamente desde el norte de la zona metropolitana. Planes y soluciones han ido y venido, al igual que los gobiernos del estado y en la alcaldía, pero ni las acciones ni las administraciones se han acercado un ápice a la solución.  

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La aplicación de la ley debería ser la salida. Si una actividad o una industria contamina, que enfrente las consecuencias. En gran parte, el problema de las ladrilleras tiene que ver con la compasión que se le tiene a la actividad. Ligada a la pobreza, se piensa que quienes se benefician de ello son incapaces de solventar las adecuaciones técnicas y procedimientos necesarios para hacer menos contaminante esta actividad.

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El hecho de que persista es un indicio de que la fabricación de ladrillo tal como se practica hoy es rentable. ¿Por qué no verificarlo y hacer cumplir las normas ambientales que se le imponen a cualquier actividad económica?

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El precio de no encontrar una solución a este problema la pagarán los pulmones de los capitalinos.

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El señalamiento del Departa-mento del Trabajo de Estados Unidos de que en San Luis Potosí se toleraba el trabajo forzado de infantes en los campos de tomate y chile del Altiplano provocó un encontronazo de versiones en dependencias estatales.

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El martes, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Familia, la Mujer y el Adulto Mayor (PPNNA) respondió a la nota reconociendo lo que la dependencia del gobierno de Donald Trump había establecido el año pasado, que siguen registrándose casos de menores de edad que laboran en los campos potosinos, aunque la dependencia matizó su postura señalando que estos casos se registraban “ocasionalmente”.

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Ayer, el DIF estatal difundió un comunicado en la que rechazaba de manera tajante que existiera la explotación infantil. Resalta el calificativo de “inexactas” a las versiones difundidas sobre el tema. Un desmentido del DIF estatal potosino al gobierno estadounidense.

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También es llamativo el párrafo en que “la institución se deslinda de cualquier tipo de declaraciones de servidores públicos que hayan querido desprestigiar el nombre de la institución y del estado”.

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Desde luego, no precisa qué “servidores públicos” intentaron “desprestigiar” al DIF y a San Luis.

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Lo cual resulta raro pues  hasta que se involucró el DIF en el asunto, no se había escuchado su nombre.

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El tono del comunicado se aleja de la postura conciliadora, ajena al conflicto y al bajo perfil que tradicionalmente busca la institución. Sería interesante saber por qué.

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  ¡HASTA MAÑANA!