En materia de transparencia, San Luis Potosí nunca ha destacado por estar entre los de mayor cumplimiento de las leyes en la materia. Al contrario, los gobiernos pasan yo todos han demostrado una inclinación hacia la opacidad.
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Y así lo muestra el estudio del INAI y del Colegio de México. En sus cuatro ediciones publicadas desde 2017, la mejor posición del estado fue sexta en 2019.
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A partir de ahí, ha ido en picada, proceso que se ha agudizado entre 2021 y 2023, los años que han estado a cargo de la administración de Ricardo Gallardo Cardona.
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Este gobierno estatal ha dado claras muestras de su vocación por la opacidad. Ayer se habló del último indicio, el del fideicomiso de la planta del Tanque Tenorio, pero la Seduvop ha dado varias muestras de esta situación con lo que respecta a los contratos de obra o sobre el financiamiento de eventos como el torneo nacional charro.
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Pero el estudio no sólo mide la apertura de las dependencias del Ejecutivo, sino también los ayuntamientos y las dependencias autónomas. La responsabilidad es compartida.
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Y eso incluye al árbitro. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), una instancia que se ha visto impotente para meter al redil a las instituciones omisas.
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Con la petición de licencia del diputado local morenista Antonio Lorca, el Congreso se encuentra en una peculiar situación: tendrá que funcionar con 26 legisladores.
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Y es que el suplente del legislador, Óscar Hernández, falleció hace algunos años, ya iniciada la Legislatura.
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Sin la posibilidad de que se pueda nombrar a un sustituto, parece que el Legislativo deberá funcionar con un elemento menos, lo que podría, al menos en teoría, generar el escenario que se buscaba evitar con un numero non de legisladores: el empate.
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Hablando del Congreso, ahí huele a cobranza. En enero pasado, llegó a la Junta de Coordinación política (Jucopo) un reporte de la Oficialía Mayor legislativa de que el gobierno estatal, concretamente la Secretaría de Finanzas, dejó pendiente de entrega 18 millones de pesos del presupuesto operativo legislativo de 2023, para que tomara cartas en el asunto.
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La dependencia administrativa advirtió a la junta que tuviera el dato en cuenta a la hora de definir partidas presupuestales. Es decir, al parecer piensan que les van a pagar.
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Por otra parte, será interesante saber cuántas dependencias que reciben recursos estatales se encuentran en la misma situación, dado que el final del año pasado fue de extrema escasez presupuestal.
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¡HASTA MAÑANA!