Uno de los principales reclamos que se le ha hecho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la incongruencia con que se ha desenvuelto en algunos aspectos como la transparencia y la rendición de cuentas.
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En especial, en el tema de las declaraciones de patrimonio y conflictos de intereses.
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Son ya famosos los traspies de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, con sus departamentos en Texas, de ninguna manera malhabidos, pero que al no ser declarados en forma transparente, metieron en problemas a sus dueños y al gobierno de la Cuarta Transformación.
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Algo parecido está sucediendo en San Luis Potosí con los subdelegados, los seis adscritos a la Secretaría del Bienestar, en los que el cumplimiento de dichas declaraciones es disparejo, tirándole a inexistente.
Sólo uno de los seis, Leonel Serrato, asignado a la zona metropolitana, presenta una declaración que toca todos los requisitos exigidos.
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El resto, de uno u otro modo, queda a deber a la ciudadanía el cumplimiento de todas sus obligaciones.
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Por otro lado, las declaraciones de los subdelegados dejan claro que, sobre la experiencia en el rubro de programas sociales o de servicio público, se prefirió la trayectoria partidista.
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Todos, de uno u otro modo, estuvieron ligados al partido, ya sea como activistas o candidatos. ¿Garantiza eso que sus decisiones como funcionarios federales, responsables de los programas sociales, serán las mejores?
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador así lo piensa. Quién sabe si el resto de la ciudadanía coincida con él.
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Vaya misterio que se registra en la alcaldía capitalina luego de que, tras completar el proceso para una millonaria licitación para la compra de medicinas, la empresa ganadora simplemente no se presentó a firmar los documentos, por lo que la compra tuvo que cancelarse e iniciar un nuevo proceso.
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La mala experiencia en el caso de Sandra Sánchez Ruiz en el trienio pasado y las pifias iniciales que tuvo esta administración con sus primeras compras generan una desconfianza que, probablemente en el caso de la compra cancelada, tenga una explicación, pero ante las experiencias negativas sea saludable y entendible.
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El gobierno navista debería dejar bien claras las explicaciones sobre los motivos de la cancelación para no dejar ningún sitio a las dudas.
¡HASTA MAÑANA!