Seguramente, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona atribuirá los resultados de la opacidad en la contratación de bienes y servicios detectada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) en San Luis Potosí durante 2021 a la administración de Juan Manuel Carreras López.
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Y tendría motivos. Después de todo, el gobierno anterior estuvo a cargo de Palacio durante nueve meses del año pasado. El último trimestre le correspondió al del PVEM.
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Además, la transparencia no fue la principal cualidad del último gobierno priista en San Luis Potosí. Fueron numerosos los señalamientos sobre la poca información que emitía sobre sus procesos de compra. Sobre todo, en proyectos clave, como los de movilidad.
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Y, seguramente, algo que no reconocerá la administración gallardista, es que también adolece de lo mismo. E incluso, la opacidad es más pronunciada.
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Precisamente de 2021 datan los contratos de las obras realizadas para el remozamiento del parque Tangamanga 1. Nueve meses después, los contratos no se conocen porque la Seduvop los ha escondido bajo varios candados.
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El estudio del Imco es útil porque expone la opacidad del gobierno anterior, pero lo es aún más porque pone en relieve una asignatura en la que el gobierno gallardista le debe mucho a la ciudadanía.
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La radiografía del desempeño del Poder Judicial del Estado sobre la calidad de las sentencias que emite debería gene-
rar preocupación.
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El más reciente trabajo de México Evalúa sobre la impartición de la justicia en San Luis desnuda las carencias del Poder que está a cargo de Olga Regina García López.
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No se conoce alguna evaluación, externa o interna, sobre la calidad de las sentencias que emiten los jueces en el estado, pero urge una revisión, preferiblemente de
corte independiente.
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En todo caso, el PJE da de nueva cuenta de qué hablar. Y no de manera positiva. Ya hace unos días, se manejaba el modo en el que parientes y favoritos de la titular habían hallado un buen cobijo en la nómina judicial.
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Por cierto, no serían los únicos. Se anticipa que pronto saldrán a la luz más nombres que evidencian el particular modo en el que los cercanos a la magistrada presidenta se beneficia.
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Pues más que una ayuda oportuna a las familias afectadas por el violento reventón de la tubería del acueducto El Realito, la Comisión Estatal del Agua parece más abocada a atribuirles la responsabilidad de su propio infortunio.
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Y de la empresa, ni una palabra sobre las obvias evidencias de su incompetencia.
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La delincuencia organizada vuelve a desafíar a las corporaciones de seguridad en el estado. Con el ataque a la policía municipal de Moctezuma, y el secuestro de 4 de sus integrantes, vuelve a pintarle la cara a la autoridad.
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¡HASTA MAÑANA!