Desde el 13 de octubre, en el Congreso estatal estaba listo el documento del proyecto de presupuesto de egresos para 2025 y un día después, se hacía pública en la Gaceta Parlamentaria de la sesión realizada el pasado martes.
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A pesar de ese grado de circulación, parece que el presidente de la Mesa Directiva, Cuauhtli Badillo, no leyó el documento.
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Pese a que el documento marca que el aumento de 31 millones de pesos iría, mayoritariamente, a la nómina legislativa, el morenista afirmó que no habría “un peso más” a
ese rubro.
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O los detalles del documento eran desconocidos para el legislador o la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien elaboró la propuesta, les comentó a los diputados otra cosa.
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Más allá de la descoordinación, queda confirmada la disposición de los legisladores a revivir la tradición de incrementar el gasto del Congreso.
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De la desaforada rotación que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le ha impuesto a su gabinete, el organismo en el que es más necesaria es el Instituto Potosino del Deporte, cuyos funcionarios de primer nivel deberían ser removidos
sin contemplaciones.
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El Inpode está envuelto en la última semana en escándalos que, en un gobierno normal, deberían haberle costado el cargo a su director.
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Y es que en uno de estos casos polémicos, ese funcionario precisamente, Joaquín García Martínez, fue protagonista. Se trata de la irrupción que encabezó en el Instituto Potosino de la Juventud para despedir, sin tener la atribución, a la titular Alejandra Camacho.
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El grave asunto fue reducido por el gobernador a una “pelea de perros y gatos”, sin que hubiera ninguna acción sancionatoria, pese a que hay una denuncia de por medio.
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Y ayer por la madrugada, un subalterno protagonizó un hecho vergonzoso: estrelló una unidad de la dependencia cuando manejaba ebrio y, para agravarla, iba armado. Tras el choque, él solo se hundió más al intentar dar un “charolazo” presumiendo no su pertenencia al gobierno, pese a los logos del vehículo, sino a un gru-
po delictivo.
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En este escenario, su posición era insostenible y, quizá por su puesto de segundo nivel, él sí fue despedido. Pero es inverosímil suponer que el director no conocía el irregular manejo de los vehículos. Es peor si
lo desconocía.
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Como sea, el descontrol en el Inpode es evidente. Por cosas menores ha habido destituciones. Si en este caso no la hay, es que el gobernador simplemente no quiere hacerla.
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¡HASTA MAÑANA!