Aunque parezca increíble, la Comisión Estatal del Agua de esta administración estatal no sabe con quién hace negocios. O eso o incurre en una medida desesperada para evadir el pago de un adeudo.
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Hace unos días, Veolia, la empresa de origen francés de la que Aguas de Reuso El Tenorio SA de CV es subsidiaria, informó que aún persistía un adeudo de 310.1 millones de pesos por parte de la CEA, saldo pendiente generado por la morosidad del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en el trayecto final de la concesión por el manejo de la planta.
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La dependencia dijo que sí había un adeudo, pero lo atribuyó al Interapas, con lo que abrió otro frente con el gobierno de Enrique Galindo. También señaló que se trataba de un monto menor a la suma mencionada por Veolia, de 234 millones de pesos.
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¿Transfiere con esa mención la responsabilidad del pago a Interapas? No queda claro.
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Pero igual de ambiguo, y desconcertante, es el señalamiento que la deuda no es con Veolia, sino con ARTESA, la subsidiaria.
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Las acciones de ARTESA, de acuerdo al Registro de la Propiedad de la CDMX, donde se constituyó la empresa, son propiedad de dos compañías francesas, que por los nombres, prácticamente son las mismas: Degremont y On-
deo Degremont.
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Estas empresas construyeron el proyecto y estaban ligadas a otra compañía más grande: Suez. En 2021, Veolia absorbe a Suez y a todas sus empresas satélite y subsidiarias en todo el mundo. Para efectos prácticos, Veolia es la propietaria de ARTESA.
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Decir que no se le debe a Veolia es un sinsentido, atribuible a la terquedad de no querer reconocer lo inocultable.
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También es peligroso, pues puede ser interpretado como una negativa a pagar, que puede llevar al estado a un litigio por la deuda. Como si necesitara un pleito en tribunales con una podero-
sa trasnacional.
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La explicación a porqué muchas viviendas del estado portan desde hace tiempo los letreros de “Se renta” tiene una explicación: la mayoría de la gente que necesita una vivienda en alquiler no puede acceder a ella porque no le alcanza.
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La carestía inmobiliaria en San Luis era evidente, pero no se tenía mucha idea de su nivel. La consultora inmobiliaria Lamudi lo reveló en su informe sobre el año pasado: la capital es la ciudad más cara para rentar vivienda.
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Una mala gestión en las políticas de vivienda, la desmedida ambición del sector inmobiliario y la precarización de los ingresos en el estado, y particularmente en la capital, generó el escenario que ahora estamos viendo.
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De acuerdo al más reciente corte del Instituto Nacional Electoral, sí hay candidatos en San Luis Potosí que han solicitado protección ante los temores de la actividad del crimen organizado.
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Pro razones obvias, la información del INE es muy escueta, y sólo se puede saber que corresponden a aspirantes a diputaciones federales.
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Pero parece que las cosas no están tan tranquilas en el fren-
te electoral.
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¡HASTA MAÑANA!