Por su propio prestigio, empresarios potosinos, nacionales y extranjeros cumplidos, se preocupan por mantener en regla sus pagos de servicios, impuestos y otros gastos que se generen. Cumplen todos los días y mes tras mes pagan por ejemplo el agua potable, la energía eléctrica, fletes, proveedores, salarios, impuestos, derechos laborales, estímulos, accesorios, promoción y servicios de mantenimiento. Uno a uno, los gastos se convierten en compromisos, que en ocasiones se van acumulando y a veces hasta generan apuros cuando disminuyen los ingresos, ya sea por falta de clientela o por mala planeación en la oferta del servicio.
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Sin embargo, y a pesar de que hay empresas que se encuentran bajo riesgo financiero, la mayoría hace un esfuerzo por cumplir con sus impuestos y el pago de los servicios públicos.
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Lo imperdonable, es que abundan las empresas financieramente solventes que sostienen deudas cuantiosas con el fisco y hasta buscan la exención o por lo menos la dilación en el pago de los impuestos, que se brincan trámites oficiales para abrir los negocios que van desde tiendas hasta fraccionamientos en construcción, y algunos otros que, a pesar de movilizar cantidades multimillonarias de ingresos, ni por equivocación programan pagos al Interapas.
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El organismo operador de agua se parece más o menos a la autoridad fiscal, por la severidad en sus acciones para perseguir a los evasores, pero a veces se va acumulando tal nivel de morosidad, que hay empresas que cómodamente dejan de pagar, aunque sea lo poco que usan de la infraestructura. En este contexto, la necesidad de cumplir con los ingresos obliga a los usuarios cumplidos a pedir piso parejo, y que los morosos paguen, con mayor énfasis si se trata de quienes estén en solvencia para pagar lo que ya usaron.
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Como se esperaba, el cambio de fechas del proceso electoral 2024 se irá a tribunales. Mitad de la fracción panista y mitad de la fracción priísta en el Congreso votaron en sentidos opuestos por la reforma electoral, que buscaría adaptar las elecciones de año próximo a los trámites para devolver a Villa de Pozos su carácter de municipio, que perdió en 1948 durante el cacicazgo de Gonzalo N. Santos. La judicialización era un paso lógico, si se considera la débil defensa que diputados locales de todos los partidos a favor discutieron en el Congreso para abrir la posibilidad del cambio de fechas de las elecciones. Al proceso le esperan largos días en caso de que la Suprema Corte de Justicia acepte una controversia constitucional.
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Por otra parte, los diputados locales abrieron un nuevo frente, porque a fin de cuentas el Instituto Nacional Electoral puede ejercer su derecho de tanto, y tomar su lugar en el control de los procesos electorales. Su intervención sería un paso similar a aquella regla que le permite atraer un proceso electoral para organizarlo, si el organismo público local electoral, en este caso el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se queda amarrado de manos por el cambio de la normatividad local. En suma, la elección de 2024 será compleja, y se regirá bajo los criterios de quien logre imponer sus reglas del juego
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¡¡HASTA MAÑANA!!