Parece lejano el día en que Juan Manuel Carreras López puso en su discurso de toma de posesión el tema del combate a la corrupción como punto toral de su gobierno.
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Construir el entramado legal en la Constitución para poder insertarse en el esquema nacional del combate a la corrupción tomó menos de un año y para marzo de 2016, las reformas ya estaban aprobadas.
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Pero el impulso se perdió ahí. Inició entonces un periodo de jaloneos, abulia, tensiones y nombramientos que se han alargado de manera desproporcionada. En especial, con la designación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que se enredó en un torbellino de ambición, ignorancia, desentendimiento y un desdén total sobre los tiempos.
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El CPC casi naufraga en las luchas intestinas y aún todavía, los amparos y las descalificaciones sobre sus integrantes y liderazgos persisten.
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Todo este tiempo ha cobrado su tributo a la intención original de combatir la corrupción en este gobierno. Apenas hace unos días, se cumplieron tres años de que se aprobaron las reformas constitucionales estatales en materia de combate a la corrupción.
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Y hasta ahora, el secretario técnico del SEA, el que, por sus funciones y atribuciones jugaría un papel sumamente relevante en la lucha anticorrupción en el estado, aún está pendiente de designarse.
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El último paso no se ha dado, y no se sabe cuándo se dará. En tanto no ocurra, el afán anticorrupción de la administración carrerista quedará inconcluso.
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Y con él, el sistema nacional, pues el estado se suma a otros nueve cuyos sistemas locales no han podido completarse. Hasta que no se integren todos los mecanismos estatales contra la corrupción, el sistema no funcionará del todo.
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Habrá que esperar a que el reflector que el Sistema Nacional Anticorrupción puso sobre los estados omisos acelere el paso para concretar aquí el sistema.
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A ver cómo le hace la dirigencia estatal del Partido del Trabajo ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les ordenó a los partidos políticos regresar los fondos no erogados de la campaña electoral del año pasado.
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De acuerdo a las cuentas del Trife, el PT no erogó 770 mil pesos del presupuesto electoral que le tocaba en los comicios pasados.
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Y no es que sea una cantidad muy grande, sino porque, conociendo a José Belmarez Herrera, el líder estatal del partido en las campañas, el que como diputado se robaba los cacahuates y las botellas de agua, es posible que de ese dinero no quede ya nada.
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La bancada con más peso político en el Congreso local no puede ponerse de acuerdo para nombrar a un funcionario administrativo.
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Morena está dando una lección de divisionismo que va a ser muy difícil de superar.
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¡HASTA MAÑANA!