Allá por el año 2015, surgió en México uno de los escándalos más notorios del sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trata de la compra de equipos de espionaje que debían ser utilizados únicamente para el desahogo de órdenes judiciales de intervención en casos de la posible comisión de un delito. Sin embargo, aquel gobierno les dio un uso que consideraba por entonces más útil para la paranoia del expresidente. El resultado vulneró la vida privada de líderes diversos, representantes sociales y empresariales, y también de periodistas, en el país aún hasta hoy más peligroso para ejercer la tarea de informar diariamente, y para el disfrute de la libertad de expresión.
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Pareciera ser que hay carreras por ver quién compra el equipo más sofisticado, y lleva sus propósitos a diferentes tareas con igual grado de perversidad. En un gobierno estatal a punto de concluir, y caracterizado por su mediocridad en materia de apoyo financiero a la generación de infraestructura, por su ausencia de hechos que pudieran dejar un legado para la historia de San Luis Potosí, y por los muy pobres resultados en materia de seguridad pública y de persecución de los delincuentes con independencia de su condición o fuero, lo menos que se podía esperar es una sorpresa como el gasto de más de 300 millones de pesos en equipo de videovigilancia a una empresa de espionaje de aparatos de telefonía móvil, que muy probablemente podría ser utilizado de manera extrajudicial.
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Si bien es cierto que los motivos de seguridad suelen ser argumento frecuente de los gobiernos para no informar acerca de sus compras, lo cierto es que el único dato reservado debería ser el que obedece a órdenes judiciales y a los detalles de la operatividad. De los equipos, todos los ciudadanos tienen derecho a saber, porque finalmente son adquiridos con el dinero producto del sacrificio de miles de habitantes de San Luis Potosí, que pagan puntualmente impuestos derechos y aprovechamientos.
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Es sorprendente que, por ejemplo, el gobierno estatal no recurra a la compra de equipos provenientes de países con los que mantienen sólidos tratados comerciales y de reglas de operación del libre comercio, esos que no solo exigen democracia, sino también transparencia. La sola adquisición de los equipos a una empresa especializada en el espionaje, mantiene a San Luis Potosí al borde, ya aparecen en las listas de Wikileaks, justo en uno de los escenarios históricamente más delicados para el estado, es que más bien requería inversión y gasto para frenar la ola de inseguridad.
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Y a propósito de seguridad, es una responsabilidad de los gobiernos, generar los ambientes para disminuir la incidencia delictiva. A lo largo de la pandemia actual, las autoridades estatales y las de proximidad demostraron que hay negocios que son invencibles; los clausuran y vuelven a abrir sus puertas con otro nombre e imagen. Sin embargo también hay algunos que ni siquiera cierran, en gran parte, por acciones derivadas de la indolencia de las propias autoridades. Es una señal de alarma, la falta de coordinación entre autoridades responsables que cancelan a su libre albedrío actividades.
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Mientras, también es preciso observar que en el terreno de la salud pública, el acuífero profundo de San Luis Potosí no tarda en contaminarse de aguas negras. En la cuenca lechera que comparten el Ejido Soledad y Palma de la Cruz, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, un canal de aguas residuales con todo y sus elementos infecciosas y tóxicos, podría filtrarse por una grieta hasta el subsuelo. La existencia de ese canal de aguas negras, da cuenta de otra faceta de la mediocridad del gobierno estatal que se va. A nadie se le ocurrió, que era mejor concluir la planta tratadora de aguas residuales “El Morro”, con todos sus canales debidamente entubados y con destino único hacia la planta tratadora, que llevarse cantidades multimillonarias en comprarle a una empresa de espionaje.
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¡HASTA MAÑANA!