Cuando se reveló la salida de Veolia de la concesión de la tratadora del Tanque Tenorio, se apuntaba aquí que se avizoraba un nuevo choque entre el gobierno estatal y la alcaldía por este asunto, basado en un comentario de la CEA en el sentido de que el organismo que tenía deudas con la empresa era el Interapas.
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Ayer, la dependencia estatal le puso números a la controversia y tasó en 234 millones el pasivo, cuyo pago achaca al organismo paramunicipal, que datan desde 2018.
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Y ahondó la herida señalando que ya ha habido al menos ocho recordatorios de pago y que se trata de un dinero que el Interapas ya le cobró a los usuarios vía la tarifa de saneamiento.
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El organismo paramunicipal no ha expresado una posición al respecto, pero lo más probable es que lo rechace.
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De manera que es previsible un nuevo encontronazo entre las dos instancias. Y mientras, la crisis hídrica no afloja.
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Ganan una. Tras una racha de reveses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado por fin vio una.
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Una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de una reforma a la Ley de Acceso a una vida libre de violencia relacionada con la violencia vicaria, derivada de una presunta distinción entre hombres y mujeres como víctimas de este tipo de agresión.
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Ayer, el Pleno de la SCJN, desechó la petición. No tanto por razones de fundamentación o por una adecuada defensa, sino porque la queja se presentó de manera extemporánea, según la información judicial.
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Pero ya al menos no fue anulada la reforma.
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Por cierto, en el Legislativo ni las manos metieron en el millonario laudo perdido ante una excoordinadora de Finanzas.
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Contratada en la pasada Legislatura pese a los reclamos de algunos grupos anticorrupción, fue despedida y, de manera no muy clara y con errores de procedimiento de primaria, el pleito se perdió.
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No se trata del primer pleito laboral que pierde el Poder Legislativo, por lo que se hace necesaria una investigación sobre esta otra racha de derrotas que son demasiado costosas para el estado.
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El año pasado, este medio reveló que el programa “Clínica Rosa”, establecido por el gobierno del estado para dotar de servicios médicos para mujeres (Ojalá hubiera una instancia que proveyera esos servicios. Ah sí, existe y se llama Secretaría de Salud), costó 68.2 millones de pesos, pagados a una empresa guerrerense, Servicios Médicos ML, por sólo cinco meses.
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El contrato venció en septiembre pasado y, aunque el programa sigue en marcha, no se supo si había sido renovado.
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Ayer, la Oficialía Mayor emitió la convocatoria de licitación del servicio, por un periodo un poco más de seis meses.
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Será interesante ver quién se queda con el premio y a cuánto ascenderá.
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¡HASTA MAÑANA!