El enorme abismo que se abre entre las declaraciones oficiales de los gobernantes y la realidad queda ejemplificado en el caso de la Dirección General de Pensiones.
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En su sexto y último informe de gobierno, Juan Manuel Carreras López festinaba la reducción de los pasivos diversos que enfrentaba el estado, entre ellos, el de Pensiones.
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Agregaba también haber destinado en su sexenio 11 mil 400 millones de pesos al sistema de retiro de la burocracia y el magisterio.
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Pero no fue así. Al menos en los reportes de la última sesión de la Junta Directiva del organismo del sexenio pasado, se reportaba la recepción de ocho mil 876 millones de pesos. Quedan volando dos mil 524 millones de pesos.
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Además, la veracidad del discurso de la reducción de pasivos quedó hecha pedazos por el hecho de que la deuda no se redujo, sino que Carreras López la incrementó en más de 600 millones de pesos, para quedar en mil 100 millones de pesos.
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Un desastre por donde quiera que se le vea. Y no sólo es responsabilidad del ex gobernador. El director Oziel Yudiche estuvo al frente de la dependencia en los últimos dos sexenios.
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Será interesante indagar en el manejo que hizo a la dependencia. Se le recuerda por haberse involucrado en la inversión de unos 300 millones de pesos del fondo de Pensiones en un fantasmal banco de Nueva Zelanda que luego se descubrió como parte de un complejo entramado global que manejaba de manera poco clara recursos de sus inversores, algunos de los cuales fueron estafados. Peor aún, a algunas de las personas involucradas en ese caso se les descubrieron vínculos con el crimen organizado.
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En suma, que el sistema de retiro de la burocracia y el magisterio potosinos sigue hundido en la crisis y ahora, bajo la sospecha en el manejo de sus recursos.
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Tras revisar 14 informes de la cuenta pública 2020, de un universo de 250, la Comisión de Vigilancia del Congreso acordó no aprobar todos los reportes de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Con ello, confirman la ofensiva que existe contra ese órgano autónomo.
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El argumento es risible. Se expone en un comunicado elaborado en el Congreso, pero que extrañamente no fue distribuido por los canales oficiales y habituales, que los diputados verificaron “en forma puntual y específica, el cumplimiento y observancia de la normatividad especializada en materia de fiscalización, de los principios fundamentales de auditoría gubernamental, así como el adecuado funcionamiento y conducta profesional de la Auditoría Superior del Estado en la examinación de las cuentas públicas”. Es decir, describen una revisión técnica.
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Pero el principal argumento para descalificar los informes y el trabajo de la ASE es que las conclusiones de los documentos están “a todas luces apartados de la realidad no por dicho de esta Comisión legislativa, sino por la misma ciudadanía y las propias administraciones de gobierno que han formulado una diversidad de señalamientos sobre irregularidades detectadas, derivado del proceso de entrega-recepción con motivo del inicio del periodo
de gobierno”.
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O sea, por lo “dicho” por ciudadanos (¿todos? ¿La mitad? ¿Cómo midieron esa opinión?) y “señalamientos” de la autoridad (¿alguna denuncia documentada presentada ante un órgano jurisdiccional?) .
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¡HASTA MAÑANA!