El ayuntamiento de la capital no está ganando la batalla contra la inseguridad, como no lo pudieron hacer las administraciones de sus antecesores. Como ellos, Xavier Nava también prometió que lo haría.
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Sí, es la percepción ciudadana. El Inegi reveló ayer, en su encuesta trimestral sobre seguridad urbana que en septiembre, la capital registró el nivel más alto en lo que va del año de ciudadanos que piensan que viven en una ciudad insegura.
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El sondeo también estableció que la confianza en el gobierno municipal y en las corporaciones policiacas estatal y municipal están en su punto más bajo. En contraste, el porcentaje de personas que piensa que habrá mejoría es el mínimo.
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Pero no sólo es la percepción de los ciudadanos sobre lo que ocurre en las calles. También están las cifras oficiales de delitos, que invariablemente han ido a la alza en la capital en todo el año. Tal como ocurre con el estado.
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Percepción y cifras reales pintan un cuadro en el que la alcaldía se ve impotente, como el resto de las autoridades, ante el despliegue delictivo.
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Hay otro signo inquietante de que la alcaldía no está a la altura del reto: echar la responsabilidad a todos lados antes que aceptarla.
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Desde la policía municipal, se apunta a un recorte previsto, pero que aún no se registra, al fondo federal Fortaseg.
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El intento de desviar la responsabilidad al gobierno federal también estuvo acompañada con otra excusa usual en estos casos: que otras entidades sufren del mismo mal.
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Con esos argumentos, cabe la pregunta de dónde quedó la confianza generada por el reciente arrendamiento de más de cien patrullas.
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En todo caso, la ciudadanía está harta de pretextos y justificaciones de las autoridades.
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Anoche, la prensa nacional informaba que en la Cámara de Diputados, la discusión sobre la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 estaba atorada. ¿El motivo? Simplemente no había suficientes ingresos para satisfacer todas las demandas de recursos hechas por dependencias estatales, federales y municipales.
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La alternativa de responder a todos es elevando los impuestos, señalaban algunas fuentes legislativas, pero la posibilidad de que eso ocurriera es casi imposible.
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Aquí, una cauta Secretaría de Finanzas advertía que las peticiones de recursos que se han empezado a hacer con las aprobaciones de los presupuestos del Congreso y la ASE no estaban seguras hasta que se defina el presupuesto federal.
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El argumento es que, siendo el presupuesto federal la fuente principal de recursos, cualquier posible variación afectaría el monto de recursos disponible para el estado y sus dependencias.
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La información deja entrever, sin que sea aceptada de manera abierta, la posibilidad de que los posibles recortes de las partidas federales modifiquen el reparto de recursos aquí.
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Así entonces, las demandas de presupuesto que han realizado estas dos instancias, y todas las demás, podrían no cubrirse del todo.
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¡HASTA MAÑANA!