La alcaldía capitalina está metida en un enorme brete con la tormenta que desató la tragedia del bar Rich, pues ha desnudado un sospechoso manejo en los permisos de venta de alcohol y una total abdicación de su obligación de garantizar la seguridad de los clientes de esos establecimientos.
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Que en antros como el Secret’s Social Club, el Central Bar o el Azul Fuego recibieran su licencia de venta de alcohol siendo catalogados como negocios de antojitos es un escándalo, pues prueba que la alcaldía, a través de la Dirección de Comercio, facilitaba el incumplimiento de los propietarios de los negocios de normas más estrictas reservadas a negocios catalogados como centros nocturnos, giro en el que era más que obvio que operaban.
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Se supone que las inspecciones posteriores a la emisión de las licencias debían comprobar eso, pero ahí está también la demostración pública de cómo operaban estos negocios, vía videos de Instagram, Tik Tok y otras redes sociales era evidente que ni una botana servías, sólo tragos.
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El considerarlos negocios en los que también se servían alimentos también les permitía la entrada de menores de edad, pero sobre todo, evadir los controles que obliga la Ley de Alcoholes del Estado, como vigilancia médica, seguridad, alcoholímetros y facilitar el acceso a taxis para llevar a los clientes que por su intoxicación, representaban un riesgo.
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Si no es complicidad, lo que hizo el ayuntamiento es una negligencia terrible. E impune hasta ahora.
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Las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están dando un triste espectáculo en el manejo del problema de legitimidad de la renovación de la Dirección en la Facultad del Hábitat, tomada por alumnos inconformes con la imposición de la actual directora, Rosa Reyes Moreno, pese a que no fue tomada en cuenta en el proceso que estableció la propia rectoría.
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Por un lado, reconocen la existencia de un marco legal que propició la inconformidad con el proceso, no sólo en el Hábitat, sino en otras 12 entidades académicas; y a la vez, validan un acto totalmente fuera de los estatutos, como lo fue la inclusión de Reyes Moreno, por decisión del rector Alejandro Zermeño, en una terna en la que originalmente no había sido aprobada por la comunidad de la Facultad, representada por su Consejo Técnico de la Facultad.
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En ese sentido, la entrevista concedida ayer por la titular de la Abogacía General de la UASLP, Urenda Navarro a Pulso Online es reveladora, pues reconoce que el rector atendió un “derecho de preferencia” para posicionar a Reyes Moreno en una terna en la que no aparecía.
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Ello contradice totalmente al propio rector que en marzo pasado, durante una entrevista con el mismo medio de esta casa editorial, presumió que al establecer el nuevo proceso de selección en el Estatuto Universitario, “había sacado las manos” del proceso de renovación de directores al dejarlas, precisamente, en manos de las comunidades de los entes universitarios.
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Por otro lado, la autoridad universitaria presume tolerancia y respeto al derecho de protesta, pero a la vez esgrime acciones punitivas contra los estudiantes en protesta que mantienen tomada la facultad. La presunta actitud conciliadora se evapora ante uno delos videos del encuentro del martes, la propia Urenda Navarro les espeta a los jóvenes: “yo no vengo a negociar”.
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¡HASTA MAÑANA!