Pesada carga Chasco

En materia de endeudamiento, San Luis Potosí presenta condiciones manejables, pero muy cercanas a su límite.

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En medio de un mal ocultado desorden financiero de la actual administración estatal, uno de sus puntos más estables es el del endeudamiento público de largo plazo. 

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Se mantiene en niveles manejables, casi 4 mil millones de pesos, y su pago no representa una carga para el erario.

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Y el punto cobra relevancia ahora que la administración no descarta la posibilidad de negociar un crédito para afrontar los gastos de fin de año. 

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Aquí es donde queda expuesto el punto débil de la deuda potosina: al estar garantizado su pago con más del ochenta por ciento de participaciones federales, pasadas administraciones acotaron el margen de maniobra para endeudamiento bancario futuro.

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De hecho, la única opción disponible, el crédito quirografario, que no se suma al monto permitido de endeudamiento de largo plazo, tiene como contraparte condiciones más duras, sobre todo de intereses, para las finanzas públicas.

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Las consecuencias están en que es una alternativa más onerosa, pero obligada porque el crédito de largo plazo está fuera del alcance.   

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Hablando de deuda, la Secretaría de Salud reconoce que no buscará saldar el pesado pasivo que carga, sino que su estrategia será sacar, de algún modo, el pago de la Federación. Que tengan buena suerte.

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¿Y de cuánto es el pasivo? Quién sabe. Los tiempos de la opacidad dominante de la administración de Mónica Rangel parecen haber retornado a la dependencia.

Además de sus responsabilidades asignadas por la norma local de transparencia, todas las instancias que reciben recursos del gobierno central deben cumplir con lo impuesto en las leyes de contabilidad gubernamental federal. 

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Entre estas obligaciones está publicar en las páginas web de las dependencias la información financiera, entre ella, el monto de los pasivos.

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Estamos a menos de diez días de que concluya 2023, pero los Servicios de Salud no han publicado ninguno de los reportes de este año.   

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La iniciativa de la gratuidad del servicio de estacionamiento en centros comerciales debe ser uno de los peores chascos legislativos en los últimos tiempos.

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No solo por la gran oposición que ha generado, sobre todo en el sector empresarial, lo que evidencia una nula capacidad de cabildeo del Congreso y del Ejecutivo.

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Sino porque en su apresurado proceso, dejaron entrar en vigor una ley sin dientes, al menos en lo que entra 2024.

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Y es que las leyes de ingresos municipales no incluyeron, desde luego, el cobro de las sanciones a quienes no respetaran la obligatoriedad de la medida.

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En plena época navideña, liberar a los clientes del pago de estacionamientos en las plazas comerciales hubiera generado un gran impacto entre la ciudadanía, lo que, pensado en términos electorales, aumentaría su impacto.

El apresuramiento, sin embargo, exhibió a los promotores de la medida.

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¡HASTA MAÑANA!