Hoy se pronostica que, de nueva cuenta, salga disparada una diatriba de insultos desde Palacio de Gobierno debido a que la administración estatal sumó un fallo adverso más por parte de las autoridades judiciales, ahora por la inacción ante la plaga de lirio acuático en la presa de San José.
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La muy probable reacción inicial del gobierno gallardista de que el problema no surgió en esta administración sería cierta. La plaga en el principal embalse de la ciudad surgió en administración de Juan Manuel Carreras López y quizá más atrás.
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Pero ahora, la responsabilidad es de esta administración y lleva ya más de dos años en funciones, tiempo suficiente para haber hecho algo para erradicar a la perniciosa planta. El Interapas también tiene su parte, al tratar agua contaminada de la presa, lo que a su vez generaría sustancias más peligrosas por su natura-
leza cancerígena.
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En todo caso, la consecuencia de las omisiones está a la vista, en una planta que ni siquiera la sequía ha podido vencer.
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Por otro lado, no debe ser agradable que, después de recibir un batacazo legal con la admisión del amparo contra la Arena Potosí, ahora el gobierno gallardista enfrente un nuevo revés en tribunales. Y ante la misma organización; Cambio de Ruta.
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Desde luego que este hecho pone en evidencia que el gobierno estatal no cumple con sus responsabilidades, pero también exhibe la desastrosa estrategia legal que antepone el gobierno estatal a los amparos.
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El Tribunal Colegiado que votó por unanimidad el fallo desestimó de manera tajante los débiles argumentos presentados desde el Ejecutivo, la Segam y la CEA cuando se les pidió un informe sobre los hechos impugnados.
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Ahora bien, el currículum del gobernador dice que cursó una Licenciatura en Derecho. Entonces debería conocer la naturaleza del amparo como defensa ciudadana ante la arbitrariedad de las autoridades, sus mecanismos y el peso de las decisiones judiciales que genera. Si olvidó estos conceptos, debería recordarlas. Quizá así no tendría tanto disgusto.
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La mañana de ayer se desactivó una protesta de locatarios del mercado de la Merced para demandar mayor celeridad en las obras que mantienen abierta la Calzada
de Guadalupe.
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La advertencia de que se iniciaría un bloqueo vial es una evidencia del enojo que ha generado la tardanza, pero el ayuntamiento se los llevó a la UAM a dialogar.
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El hallazgo de vestigios históricos es la causa de la demora. Y podrá ser algo muy importante, pero el parón en esas obras, y el que afecta también al proyecto de Seduvop en San Miguelito, ya ha castigado bastante a habitantes y comerciantes de ese
primer cuadro.
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Las dependencias de los tres niveles de gobierno involucradas ya deben dar celeridad a sus obras.
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En donde no se guardaron las ganas de manifestarse fue en la Fiscalía General del Estado. Peritos de diversas especialidades realizaron reclamos laborales aquí y en otras sedes de la dependencia.
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La agresiva respuesta del fiscal José Luis Ruiz, quien los responsabilizó de delito, apunta a que en lugar de negociación, habrá represalias.
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¡HASTA MAÑANA!