No parece haber remedio en la capital: ahora ya ni siquiera es seguro desayunar, comer o cenar en un restaurante sin correr el riesgo de un despojo.
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La cadena de asaltos a negocios gastronómicos se ha salido de control y las autoridades del estado y del municipio no tienen más que justificaciones para responder a la ciudadanía.
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Ni el presunto diseño de nuevas estrategias ni el incremento de patrullas, compradas o rentadas, ha servido para detener la oleada de asaltos.
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Sí en cambio, se ha pedido a los restaurantes que mejoren su seguridad, que inviertan en tecnología y que, en suma, hagan el trabajo que deberían hacer las corporaciones policiacas.
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El Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta en los primeros diez meses del año mil 365 asaltos a negocios, de los cuales 645 han sido violentos.
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Todavía no se rebasa el número de casos reportados en 2018, que fue de mil 384, pero lo más seguro es que, como varios otros rubros delictivos, este año sea peor que el pasado en materia de robo a negocios.
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Los impactos de esta situación son múltiples: riesgo de muertes o agresiones, pérdidas económicas para los negocios afectados y para las víctimas de los asaltantes. Lo más grave, sin embargo es la inyección de miedo entre los capitalinos, que seguramente comerán con menos tranquilidad que antes.
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La pasada Legislatura del Congreso del Estado puso la muestra con la ordeña de la partida de Gestoría Institucional vía beneficiarios falsos y empresas “fantasma” que proporcionaban facturas a modo para justificar el desvío.
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La práctica parece haberse extendido a otras instancias y la Auditoría Superior del Estado las detectó y las señaló.
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No es poca cosa. Casi 80 millones de pesos entregados a empresas que no están en los domicilios que le reportaron a las autoridades hacendarias para pagar
sus impuestos.
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Esto pone en entredicho el plan estatal para evitar, precisamente, que sus dependencias incurrieran en estas situaciones.
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Las irregularidades deben ser aclaradas. La pasada Legislatura fue considerada la más corrupta de la historia reciente potosina, en parte, por esta práctica. Esa mancha podría extenderse a instancias estatales si no hay explicaciones coherentes a las anomalías.
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Para anotar a la cuenta del encarecimiento del funcionamiento del Congreso del Estado, la sede de la nueva Unidad de Evaluación y Control costará casi 340 mil pesos el año entrante.
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La Junta de Coordinación Política aprobó el pasado martes la renta de un inmueble en el domicilio de Comonfort número 743, por el cual el Congreso deberá pagar 28 mil 301 pesos al mes.
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El ideal de la austeridad en esta Legislatura está quedando muy lejos de cumplirse.
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¡HASTA MAÑANA!