El colmo del Congreso. Hasta queriendo hacer algo positivo, el Legislativo de San Luis Potosí actúa de manera deficiente.
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En un nuevo round con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ya le ha ganado varios, el Legislativo estatal enfrenta una nueva impugnación.
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Pasó con el ineficiente esfuerzo por realizar consultas públicas, cuestiones de fiscalización y reformas penales.
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Y ahora, el turno es de las reformas para combatir ciertas irregularidades en las terapias de conversión.
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Lo curioso es que, en este caso, los diputados potosinos pretendían defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+ ante la amenaza de ser sometidos a terapias de conversión.
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Pero diseñaron la reforma de manera tan deficiente que un instrumento presuntamente diseñada para proteger los derechos de un grupo vulnerable se volvió en un peligro para los defendidos.
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El nivel de ineptitud para lograr esto tiene alcances notorios, y los diputados potosinos los alcanzaron.
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Es muy probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule la reforma y la devuelva al Congreso, que sumaría una nueva derrota.
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Y este caso tiene una doble significancia, pues estaría en vías de resolverse la impugnación a la “Ley Mordaza”, que podría seguir el mismo destino.
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El abogado Luis Fernando Leal, quien presentó el primer recurso contra la “Ley Gobernadora”, la reforma electoral propuesta por el Ceepac para restringir sólo a mujeres la posibilidad de aspirar a participar en la elección a la gubernatura de 2027, difundió ayer un mensaje en redes sociales en respuesta al señalamiento del secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en el que daba por improcedente la impugnación presentada ante el Tribunal Electoral del Estado.
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Anticipó que si el tribunal local “no se faja” y lo desecha, situación que el promovente ya prevé, acudirá a instancias federales, en este caso, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o a la Sala Superior.
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Si ahí tampoco prospera, señaló que, de plano, acudiría a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El asunto, pues, va para largo, y el próximo paso de ese camino está previsto para el lunes, en la sesión de mañana del TEESLP.
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Le tiraron muy alto los transportistas con su propuesta de aumento a la tarifa del servicio que prestan.
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Hablaron de 15 pesos, pero lo más seguro es que se quede en trece pesos. La propuesta no sólo era inviable por exagerada, sino porque se quedó ya sin asidero legal, luego de que el Inegi fijara en 3.69% el índice Nacional de Precios y Cotizaciones acumulado en 2025, es decir, la inflación.
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Y por Ley, en esa misma medida debe de incrementarse la tarifa del transporte urbano, muy lejos del 20 por ciento pretendido por los concesionarios.