En la ciudad de San Luis Potosí atardeció con visitantes de Zacatecas. Los trabajadores del Poder Judicial Federal adscritos al Vigésimo Tercer Circuito, se dirigen a la Ciudad de México para exigir el reconocimiento de prestaciones que no les son pagadas. De paso, se suman a la dinámica nacional de protestar contra la reforma judicial, que pretende desmantelar el sistema independiente y contaminar de política el nombramiento de ministros, magistrados y jueces. Las movilizaciones no se han detenido y tampoco la actividad jurisdiccional necesaria para el desahogo de asuntos urgentes.
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Juzgados y tribunales siguen en activo aún y a pesar de que ha prosperado la ruta para la reforma judicial con elección popular de magistrados y jueces, precisamente el trayecto más riesgoso de la reforma judicial, si se considera el grave problema de independencia que afectará a la división de poderes. La necesidad de capturar al Poder Judicial Federal se ha vuelto un asunto de tanta urgencia para el sistema de gobierno que ha ganado la súper mayoría, que desde la legislatura anterior, voces advirtieron de los riesgos y no fueron escuchadas. Es más, las advertencias internacionales se convirtieron en conflicto diplomático.
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Es necesario recordar que si la reforma judicial no revistiera algún asunto riesgoso, de ninguna manera el proceso habría tenido que dejar de ser transparente. Es, también, muy necesario referirse al hecho de que en Bolivia sucedió exactamente lo mismo, y la independencia judicial mantiene en vilo la organización del Estado y la vida democrática de aquel país. Mucho se ha invadido la cabeza de las personas con el argumento de que el PRI dominaba técnicamente todo, y es cierto, no falta razón. Sin embargo, el Poder Judicial requiere un profundo nivel de análisis para reformar sobre todo los notorios niveles de corrupción y nepotismo. Hasta ahora, parece no haber una cabeza inteligente que caiga en la cuenta de que el funcionamiento técnico del Poder Judicial no se puede tocar y sí en cambio, crear las instancias reguladoras y sancionadoras de las malas prácticas.
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Muy grave, y en terapia intensiva, se encuentra el sistema de salud pública de San Luis Potosí, afectado por la inoperancia del IMSS y el ISSSTE, pero también por los graves problemas que enfrenta desde finales de la administración local pasada la red de hospitales estatales. Juan Manuel Carreras López técnicamente dio hasta lo impronunciable como ofrenda con tal de que lo dejen en paz, pero en forma simultánea, nunca se le ocurrió asegurar un sistema de salud que al menos garantice el trasplante de los órganos. Hay quien dice que en su afán de quedar bien con el presidente de la república saliente, le dio casi de todo y le puso de modo todo, y ni siquiera una embajada le dieron. Por ahí anda perdido, con la pena de la mala fama que le acarreó entregar el Estado de San Luis Potosí sin respingos, aún con el riesgo que representa no haber amarrado un sistema de salud fuerte.
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Este martes continuaron las audiencias para el desahogo de testimonios por las imputaciones al extitular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel N., y los testigos que han comparecido, incluyendo funcionarios de alto nivel, no han conseguido amarrar datos que vinculen directamente al exfuncionario con el fraude que por cierto, la defensa también acepta que existe, pero cuya responsabilidad —señalan— no recae en el servidor público detenido. Es decir, alguien deberá hacerse cargo de la reparación del daño al erario público, por la distracción de una escandalosa cantidad de dinero en la compra inexistente de insecticidas y que según lo que lleva el proceso penal, nunca llegaron a las instanciones sanitarias. La cosa es que viene más trabajo para la Fiscalía, porque aún le falta amarrar qué personas son las responsables de reparar el daño.
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¡HASTA MAÑANA!