Muy desigual fue la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y así se percibe desde que una visión anacrónica y oxidada de políticas públicas, dejó en desventaja a quienes invirtieron millones de dólares en campos de energía limpia. Un ejemplo del freno a los proyectos es el plan del parque eólico a lo largo de lo que se denomina “La Mesa de La Herradura”, una etapa de infraestructura que en el mejor de los casos, la empresa ya estaba lista para invertir, hasta que los cambios legales frenaron toda buena intención. El fracaso del desarrollo económico del país, y hasta la caída del ahorro interno, van ligados a decisiones de terminar con inversiones “porque eran de la administración pasada”.
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Mucho se tendrá que hacer en la normatividad educativa para que las instituciones de educación superior mantengan publicadas de manera permanente sus claves de Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Todavía hay escuelas que mantienen un perfil dudoso, algunas probablemente sin mala intención, pero otras con el fin de seguir captando estudiantes, a pesar de no contar con recursos administrativos tales como el registro oficial de sus programas y de las competencias de salida de sus estudiantes. Con independencia de la calidad o no de sus docentes, lo cierto es que un mal trámite trae consecuencias para los propios estudiantes.
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Las últimas semanas se han caracterizado por la protesta de estudiantes y padres de familia que advierten de la inexistencia de registros para carreras profesionales que debían encontrarse vigentes en el caso de la Universidad del extitular de la Sedeco, Arturo Segoviano. En su desesperación, padres de familia han buscado a las autoridades educativas locales, aunque el cambio de reglas de operación advierte que los responsables son autoridades federales como las rectoras del control de los registros y la vigencia de los programas y planes de estudios. Una institución privada fue vendida a un empresario que es administrador de escuelas privadas con todas las de la ley, pero el expropietario de la Potosina se quedó con dos carreras que no se encuentran en listas como vigentes y por las que no ha entregado papelería desde 2018. La SEGE la tiene en la mira, pero el agarrón del empresario deberá ser con la autoridad federal, y de los padres de familia también.
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Muy afanosos en la defensa del exalcalde Marcelino Rivera se encuentran los miembros de la directiva blanquiazul. El señor ha perdido todos los amparos contra la revisión de su cuenta pública fraudulenta de 2013 y, eso sí, se defiende porque es del grupo del actual grupo directivo, pero de él mismo han salido otros alcaldes que hasta la cárcel se van. El problema para Marcelino es que está en vías de declarársele inelegible y por orden de prelación, todo parece indicar que el siguiente nombre será el diputado plurinominal que tomará protesta el 14 de septiembre.
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Por el lado del ya muy dañado partido tricolor, destacados políticos tradicionales parecen focas, porque tienen el agua hasta el cuello y siguen aplaudiendo. La alevosa reforma estatutaria que permite la reelección de Alejandro Moreno tiene al Revolucionario Institucional con un pie en el precipicio. La escoria política que se apropió del partido nacional, envía una catastrófica señal, por permitir que alguien se perpetúe en el poder y deje en el ridículo a un Instituto político que a lo largo del gobierno de López Obrador y de las campañas presidenciales que acaban de concluir, vendieron la imagen de que los reeleccionistas eran el presidente en turno y su camarilla. Es más, tan ridículo hicieron, que López Obrador ya hasta pidió a su sucesora que se busque la forma de legislar para la no reelección de los servidores públicos. Vaya vergüenza.
¡HASTA MAÑANA!