El Inegi viene a comprobar que la ineficiencia es el sello de la política ambiental de este gobierno.
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Nada refleja mejor esto que el hecho de que el 90 por ciento del presupuesto para el rubro ambiental se destine al pago de la nómina.
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Es decir, la cobertura presupuestal para tener un San Luis más limpio y sustentable se va en su gran mayoría en pagar salarios de la burocracia encargada en esa tarea.
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Si se pidiera recordar algún hito ambiental del gobierno emanado de un partido que se presume ecologista desde el nombre, se podría mencionar el de la colocación del sistema de monitoreo ambiental de Rioverde, pero no por una situación positiva sino del largo litigio que antecedió a su conclusión, ante las omisiones de la Segam para instalarla.
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Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, hablaba en serio cuando decía que Sara Rocha seguiría al frente del comité estatal potosino.
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La Comisión Nacional de Procesos Internos del comité que preside ya estableció la “imposibilidad” de que el proceso de elección se reponga tras las anomalías detectadas por el Tribunal Electoral del Estado, ante las cuales, ordenó la reposición.
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La postura del órgano partidista contradice la orden y bien podría ser una medida de la dirigencia nacional en respaldo de la impugnada lideresa.
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Habrá que esperar para saber si la instancia de justicia electoral acepta la explicación y cuál será su respuesta. Pero por lo pronto, es clara la intención del CEN tricolor de que nada cambie para Sara Rocha.
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Que la policía municipal capitalina haya presumido que investigaba el paradero de una joven asaltada y hostigada sexualmente en calles de Jacarandas generó más sensaciones negativas que un beneficio a la imagen pública de la corporación.
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Y es que si la principal responsabilidad de la corporación es la prevención de la inseguridad, salir a exponer esa idea da la sensación de que se trata de compensar la falla de las funciones preventivas de la corporación.
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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer la presunta detención del responsable, tras la labor de la Fiscalía General del Estado, aunque esta dependencia no lo confirmó oficialmente.
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Ahora, la Policía Municipal queda expuesta a las críticas de un gobierno que no ahorra la ocasión de darle un puyazo a su contraparte municipal.
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Algo semejante ocurre en el Periférico, donde los ciudadanos son afectados por el retraso en la construcción de la obra, pues quedan expuestos a ladrones.
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Parece que esa posibilidad no ha pasado por la mente en los estrategas de las corporaciones estatales y de dos municipios y no han establecido un operativo de vigilancia en la zona.
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¡HASTA MAÑANA!