Este día, por fin, terminan las campañas proselitistas, dándole un descanso a un electorado sobresaturado de información electoral y polarizado por las encarnizadas rivalidades entre la 4T y la oposición del PAN y del PRI.
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No hay certeza, sin embargo, de que los involucrados se sujeten a la prohibición de todo evento de corte electoral, sobre todo en esa zona sin ley que es el ciberespacio.
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Es casi seguro que los ataques, las noticias falsas y el intercambio de acusaciones seguirá en redes sociales, pero al menos, los medios tradicionales estarán limpios por tres días.
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El electorado tiene ahora sí tres días para reflexionar su decisión, ojalá que con base en datos e indicadores certeros, que permitan una decisión sólida.
Y luego, el Día D, la elección más importante de la historia.
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Anoche, el gobierno estatal anunció que continuarían los trabajos de remodelación del parque de Morales, justificándose en un fallo del Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa hecho público ayer.
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De hacerlo, incurriría en un desacato a una orden judicial que sigue viva.
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Hay que recordar que en el fallo del Juzgado Primero de Distrito a un amparo promovido por Cambio de Ruta, se pedía, entre otras medidas, la suspensión de las obras debido a la falta de proyectos y de evidencias de una debida licitación, además de que se “congelaran” provisionalmente los fondos destinados al proyecto, que serían de 102 millones de pesos, de acuerdo al gobierno estatal.
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Al respecto, el Juzgado Primero concedió la suspensión provisional que mantiene paralizadas las obras, pero la negó en el aspecto financiero.
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Fue esta negativa la que recurrió Cambio de Ruta ante el Tribunal Colegiado, misma que ésta segunda instancia judicial consideró infundada. Pero la suspensión de obras no fue ni siquiera tratada en este segundo proceso.
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No obstante, el gobierno estatal se colgó del fallo para decir que la suspensión provisional había sido anulada y que estaba en posibilidades de reanudar las obras,
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Pero podría meterse en una bronca más seria, pues esa decisión sigue vigente.
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El asunto deja muy mal paradas a las áreas jurídicas de la administración estatal, que no advierten de este riesgo y también exhibe el apresuramiento del gobierno del estado de presumir una victoria legal, aunque sea inexistente.
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Muy grave que se haya registrado un segundo ataque contra un equipo de buscadores de desaparecidos, ocurrido anoche y que se cobró la vida de un militar.
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Es claro que este tipo de operativos son un blanco directo de la delincuencia organizada. Ya no se podrá minimizar como se intentó en el primer caso, ocurrido también en la Huasteca.
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Los operativos para proteger a las personas buscadoras, civiles y gubernamentales, deben extremar las labores de protección.
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¡HASTA MAÑANA!