Uno de los motivos principales de la refundación del municipio de Villa de Pozos es el jugoso negocio inmobiliario que promete la reserva territorial, otro fue la añeja petición de vecinos para tener su propio órgano de gobierno, pero lo cierto es que los vicios ocultos no terminan de manifestarse. Lo único logrado es un complejo problema burocrático que está compuesto por puros jefes, porque de tropa hay muy poco personal que mal y de malas, empieza a realizar actividades para dar forma a un gobierno municipal como los otros 58. Sin embargo, es hora que el personal no termina de ser eficiente y en materia jurídica está totalmente amarrado. A nadie se le ocurrió aplicar de manera emergente los reglamentos de la alcaldía de la capital, en tanto sus regidores concejales planean una normatividad propia.
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Por muy buena que sea la intención de mantener trabajando al nuevo municipio, también es cierto que costará mucho esfuerzo físico y financiero equipar a esa nueva alcaldía. También en ese aspecto es un territorio amarrado, porque el gobierno del estado de buen samaritano tiene muy poquito y ya está listo con la anunciada intención de echar a andar el motor del pequeño municipio con dinero prestado, es decir, que lo aporte gobierno del estado, pero sin duda que lo pedirá de regreso. Parece que casi nadie de los que conforman el nuevo órgano de gobierno, sabe cómo procesar los trámites de los vecinos de las colonias y no se sabe si es por falta de preparación, por ignorancia, por incompetencia o por falta de insumos para trabajar.
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Si de echar a andar el motor se trata, los promotores de la municipalización deberán reconocer su cuota de responsabilidad en la desorganización y pedir la ayuda de los municipios expertos para comenzar a trabajar y cumplir con los ciudadanos, algunos de los cuales ya deben estar arrepentidos de aceptar pertenecer a un municipio distinto a la capital. Desde la planeación de la creación del municipio, el principal promotor fue Gobierno del Estado, pero debió planear la capacitación para preparar a quienes colonizarían el recinto que hasta ahora no ha sido elevado a rango de Palacio Municipal y permanece solo como el edificio sede del poder.
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Muy poco activo se vio al diputado panista Rubén Guajardo Barrera para cuestionar a los funcionarios estatales de la pasarela de comparecencias mal llamada glosa del informe. A la hora de estos ejercicios anacrónicos, realizó algunas preguntas, se le vio corto y apático en el ejercicio de su derecho de réplica, y ahora habla de un formato inadecuado. El diputado tiene razón, pero sin duda su punto de vista y propuesta se encontrarán con un escenario adverso, si la tendencia de los gobiernos es precisamente evitar la transparencia y ocultar lo que se pueda y como se pueda.
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A la planeación de la operatividad vial del Centro Histórico le falta cirugía mayor. Cómo se extraña aquella reglamentación que permitía el arresto y el retiro de la bicicleta a aquellos ciclistas que se atrevían a invadir áreas peatonales. Peor aún, la aplicación laxa de la justicia cívica trae consecuencias mayores. En los últimos meses, algunos automovilistas se han atrevido a circular por calles peatonales como Hidalgo y Zaragoza y nadie les dice gran cosa. Mínimo la Tesorería Municipal debería estar afinando sus calculadoras de doce dígitos para aplicar multas que no bajen de 90 salarios mínimos por invadir una calle peatonal.
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¡HASTA MAÑANA!