De todos los asuntos que debe enfrentar el nuevo municipio de Pozos, como la falta de personal, la ausencia de planes y las exigencias ciudadanas de servicios, el concejo y el gobierno del estado optaron por iniciar la feria del municipio.
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En una desgarradora muestra de lo extraviada que están las prioridades del concejo y del gobierno del estado, se encausaron esfuerzos materiales y monetarios a lo oneroso y superfluo.
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Si ambas autoridades no se toparon inesperadamente con la fecha, se guardaron muy bien que su estreno iba a coincidir con el festejo.
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Y en una muestra de que más que municipio, Pozos en realidad se convirtió en un protectorado del Palacio de Gobierno, los anuncios de la Feria están calcados de la imagen oficial de la administración gallardista.
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También heredó su vocación por la opacidad, pues en el concejo no saben de dónde salió el dinero para contratar a las bandas gruperas que amenizarán la feria.
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Es una lástima que ante un hecho histórico como la creación del municipio 59, el derroche sea el signo bajo el cual surge.
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En el asunto de la remodelación de San Miguelito, ni siquiera puede aplicarse el dicho de lo que mal empieza, mal acaba, porque la Seduvop dejó la obra inconclusa, con varios pendientes.
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Pero en una clara muestra del sello personal que aplica este gobierno al ejercicio de sus funciones, se armaron un evento al que tuvieron que llevar 5 camiones con acarreados, desesperadamente reunidos por el encargado del Instituto de los Migrantes, Enrique Hernández, metido a operador político.
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En fin, que un proyecto deficiente no podía tener peor presentación.
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Se sabe que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información pública (CEGAIP) no es precisamente rápida en sus determinaciones.
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Pero ayer, se dio un ejemplo del tortuguismo con que se tramitan los asuntos relacionados con
la transparencia.
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El Periódico Oficial del Estado publicó ayer una resolución sobre la aplicación de sanciones a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública… que data de 2015.
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El proceso que se llevó casi una década inició en noviembre de ese año, cuando la comisión abrió un proceso sancionatorio contra el entonces titular de la ya desaparecida SSP, Arturo Gutiérrez García, porque el porcentaje de cumplimiento de la información publicada en su página web (aún no existía la Plataforma Estatal de Transparencia) no cubrió más que el 53% de la información que estaba obligada a publicar.
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A la CEGAIP le tomó poco más de dos años establecer una sanción, pues la resolución se dictó en febrero de 2018, en la que se aplicó ¡la sanción mínima! Prevista en la Ley.
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La resolución durmió quién sabe en donde otros más de seis años hasta que el POE la publicó ayer.
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Pasaron varios consejeros por la CEGAIP, una pandemia, y dos administraciones estatales para que se completara el proceso.
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El documento no establece si cobra vigencia con su publicación oficial y no es posible determinar en dónde fue el largo atorón, si en la Comisión o en el órgano informativo, pero el hecho demuestra que a las autoridades en este estado, la celeridad no es lo suyo.
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¡HASTA MAÑANA!