Al buscar en la documentación que ha publicado el Congreso del Estado acerca de su presupuesto para este año, se obtiene no un sorpresivo resultado, sino tres.
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En efecto, diversos documentos emitidos entre octubre de 2018 y este mes presentan tres montos distintos sobre la suma que los diputados del Congreso local manejan este 2019.
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En octubre del año pasado, la Junta de Coordinación Política manejó una propuesta, que fue aprobada por el Pleno, de 298 millones de pesos.
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Sin embargo, el Periódico Oficial del Estado publica en enero de este año la Ley del Presupuesto de Egresos de este ciclo fiscal, que asigna para el Congreso 308 millones de pesos.
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No se conoce un documento que avale por qué los diputados se aprobaron diez millones de pesos más al inicio del año.
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Más adelante, entre los documentos que el Legislativo presenta a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública están los relacionados con su cuenta pública, es decir, cómo ha ejercido el Congreso su presupuesto. Ahí, la cifra de su presupuesto 2019 es de 301 millones de pesos.
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¿Cómo comparar, entonces, el presupuesto del año entrante para saber con exactitud en qué medida, el presupuesto del Congreso para el año entrante aumenta?
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No es lo mismo comparar los 323 millones de pesos para el año entrante con los 308 millones que el Congreso señala como la cifra utilizada este año, que hacer el ejercicio entre el monto previsto para 2020 y los 298 que la Jucopo propuesto al Pleno a fines de 2018.
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Por otro lado, para el Congreso no ha sido necesario incrementar el monto total de su presupuesto para mejorar la nómina. El rejuego entre partidas internas, en las que se le quita aquí para agregarle allá, ha permitido hacer crecer notoriamente la partida de pago por honorarios.
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Es por eso que un presupuesto original de 27 millones de pesos para los asesores, colaboradores y otro tipo de recomendados del Congreso pudo pasar a 42 millones. Y todavía, la estrategia da para disfrazar esa comparación como una baja presupuestal.
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¿Austero y transparente el presupuesto del Congreso potosino? Hay indicios que apuntan a , que en ambos casos, esa afirmación es poco certera.
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El gobierno del estado, y en especial la Junta Estatal de Caminos ha hecho mutis en el asunto del dictamen rechazado por la SCT que proponía a la avenida Salk como la alternativa viable de vía paralela a la 57.
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El golpe a la imagen de la dependencia es fuerte y es probable que para el erario, también haya sido lo mismo. Los clamores de que la administración de Juan Manuel Carreras López debe aclarar la situación no se han dejado esperar.