Resulta lastimoso que, mientras que la delincuencia ha tenido, según las estadísticas de la inseguridad, un aumento sostenido de sus actividades desde hace largo tiempo en la entidad, la autoridad las enfrente con pretextos que, de manera inversa, son cada vez más incomprensibles.
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Es el caso de las declaraciones con que el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, que no acertó a dar un argumento sólido para responder a la usual alza criminal que presentan los reportes mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Contradictorio, reconoce que hay un “aumento considerable” en los homicidios en la entidad, pero que non suficientes para ser considerado un “fuerte problema” para el estado.
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El discurso-salvavidas es el ya gastado señalamiento de que otras entidades están peor que San Luis Potosí, idea que, quién sabe por qué razón, las autoridades estatales suponen que generan un alivio entre la población.
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Desde luego, en el gobierno del estado saben perfectamente que decir que el fenómeno de la delincuencia está generalizado en todo el país y que otros estados tienen estadísticas peores que las de San Luis no son atenuantes del deterioro de la seguridad en el estado.
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Pero al parecer, funcionarios como Leal Tovías prefieren caer en las peores incongruencias que reconocer la verdad: que no están realizando de manera correcta su trabajo.
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No faltó la otra estrategia recurrente para enfrentar el alza delictiva: trasladar al futuro cercano una eventual mejora gracias a una estrategia o acción novedosa.
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Así, como se ofrecía desde el Ejecutivo que la actuación de la Guardia Nacional sería el remedio contra el alza dela actividad delictiva. No lo fue así.
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Ahora, es la entrada en vigor de las leyes de extinción de dominio la que, ahora sí, va a bajar
la delincuencia.
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Las promesas se acumulan, pero los resultados no llegan.
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Cerro de San Pedro se ha estado convirtiendo en un centro de atracción de visitantes cada fin de semana. Las recientes mejoras a la infraestructura dentro del pueblo han permitido el arribo de cada vez más viajeros locales y foráneos, aunque aún padece
de deficiencias.
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Como quiera, la inyección de recursos es para que los prestadores de servicios mejoren sus ingresos. Parece que también la Policía Municipal desea ser parte también de ese “boom”.
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Así, los agentes municipales establecen en la entrada de la cabecera municipal un verdadero retén, en donde sin más explicación, piden a los automovilistas una “cooperación voluntaria”.
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¿A dónde va ese recurso? ¿Cuánto recaudan? ¿Qué fundamentación legal tiene? ¿La alcaldía lo permite o es una iniciativa de los agentes?
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¡HASTA MAÑANA!