A punto de cumplirse el plazo dado a la empresa Distribuidora VEMSA para que entregara el primer pago de 3.4 millones de pesos por la renta del predio en donde se construiría el Centro Deportivo Santa Fe, la UASLP se atrevió a dar el paso crucial de pedir la terminación anticipada del desfavorable contrato que firmó con la compañía representada por Fabián Espinosa Díaz de León.
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Es apenas el principio de lo que se anticipa será otro tortuoso y difícil periodo para la Universidad, pues lo más probable es que la arrendataria rechace la propuesta, lo que enviaría el caso a los tribunales, con el desgaste y el riesgo que ello conlleva.
Pero la decisión de ir, precisamente, por una salida, negociada y de común acuerdo, o litigada agresivamente, ya se tomó.
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Los argumentos universitarios, adelantados de ayer en exclusiva por Editora Mival, y profundizados hoy, parecen lógicos: la empresa incumplió tanto al cambiar la esencia del proyecto, como en omitir realizar las acciones acordadas para el año de gracia concedido por la UASLP, lo que hacía inviable el acuerdo.
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Habrá que ver si los mecanismos que da el contrato a la UASLP para anular el contrato son suficientes o deberá echar mano de una estrategia en tribunales para forzarlo, pero la institución se encamina a buscarle salida al entuerto.
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Tal resultado no hubiera sido posible sin la atención mediática que generó y no es arriesgado decir que para llegar a ese fin, las revelaciones periodísticas, como las realizadas por los medios de Editora Mival, tuvieron una contribución primordial.
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Y la polémica dejó un detalle que puede resultar anecdótico, pero refleja muy bien lo que fue esta controversia.
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Se recordará que a finales de marzo, Espinosa Díaz de León hizo pública una denuncia que presentó ante la FGR contra la abogada general de la UASLP, Urenda Navarro Sánchez, por asuntos relacionados con la inexistencia del grado doctoral del que presume la funcionaria.
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La maniobra no resultó tan efectiva por un detalle: identificó equivocadamente a su contraparte al nombrarla como “Urenda Sánchez Navarro”, invirtiendo sus apellidos.
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Pues bien, de manera desconcertante, Navarro Sánchez cayó en el mismo error e identificó mal al apoderado de VEMSA, pues dirigió la solicitud para acordar una cancelación anticipada del contrato a “Fabián Pérez Espinosa”.
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Parece un error igual de grosero que el que enfrentó, pero también pudo ser una “venganza” por el yerro onomástico del apoderado legal.
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Como sea, si representantes de las dos partes de un litigio no pueden realizar de manera correcta una tarea tan simple como escribir correctamente un nombre en un documento, entonces se entiende porqué este asunto, de carácter muy complejo, escaló hasta estos niveles.