No han pasado ni tres semanas desde que asumió la gubernatura y Ricardo Gallardo Cardona ya enfrenta su primera gran incongruencia: luego de criticar como gobernador electo y ya en funciones que la pasada administración destinara a labores de custodia de la seguridad de funcionarios a 700 elementos de la corporación policiaca estatal, él mismo ordena la creación de una guardia de seguridad personalísima.
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Más aún, la normatividad vigente hasta antes de su acuerdo administrativo que transforma radicalmente a la Dirección General de Ayudantía y Protocolo del C. Gobernador (para que no haya duda de quién depende), constreñía sus funciones a custodiar al gobernador y a su familia directa en actividades públicas, como giras y eventos.
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A partir de ayer, ahora también deberá cuidar de la seguridad de su familia consanguínea (padre, madre, hermanas y quién sabe cuántas más, pues no se precisa ningún grado de parentesco), y de sus “invitados especiales”, que puede ser cualquier persona que deseé.
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Y ya no sólo en eventos públicos, sino también en eventos privados, en suelo potosino y en tierras foráneas.
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Discrecionalidad a pasto, pues. El reclamo del gobernador de que la seguridad de funcionarios de la pasada administración corriera a cargo del Estado se queda chico ante el aparato de seguridad particular, omnipotente y omnipresente que diseñó para él, para los suyos y sus favoritos.
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La medida implica otra contradicción. ¿Dónde queda el eslogan de su campaña proselitista “Vivir sin miedo”? La frase implícitamente aludía al principal problema que ven los potosinos: el de la inseguridad. Desde luego que un aparato de seguridad tan desmesurado como el que se diseña el mandatario no refleja que su promesa de campaña se haya cumplido. Pero al menos él, su familia y sus invitados podrán dejar sus temores a un lado con el nuevo cuerpo de seguridad.
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El asunto tiene otras aristas distintas a la contradicción del discurso carrerista, y tienen que ver con la gestación de una dependencia que no sólo sería usada discrecionalmente para cuidar del gobernador y su parentela, sino también para labores de inteligencia política. Pero ese tema se tocará en otras entregas de esta columna.
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De las explicaciones que da el diputado Héctor Ramírez Konishi sobre por qué en el tabulador de las percepciones que recibirán los legisladores el año entrante éstas se elevan en 17.5 millones de pesos, se concluye que los diputados disfrutan de un privilegio que para el resto de la ciudadanía es un sueño: el erario paga su impuesto sobre la renta.
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Hasta este año fue la Secretaría de Finanzas y el año entrante, será el Congreso, pero el bolsillo de los diputados sigue protegido contra el impuesto.
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Y así presumen austeridad.
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¡HASTA MAÑANA!