La Fiscalía General del Estado ya hizo la primera jugada de su estrategia de respuesta al asesinato del líder estatal de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez: descartar cualquier motivación derivada de la actividad pública de la víctima, para enfocarse en una situación de índole personal.
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El intento se orienta a quitarle la presión al gobierno del estado ante la opinión pública, que ha barajado entre las posibilidades del crimen motivos relacionados con la delincuencia organizada o las campañas políticas.
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El sector más interesado en el accionar del gobierno estatal, el de la iniciativa privada, ha expresado dicha presión en dos formas, una todavía contenida, que no deja de condenar el hecho y el de exigir con firmeza que haya justicia, pero sin cuestionar, todavía, la actuación gubernamental.
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Pero de ahí mismo han venido también las críticas más severas que se han hecho hasta ahora. Las mismas surgieron de la marcha celebrada ayer por amigos, colegas y familiares de la víctima. De ahí se cuestionó un vacío de poder en la Secretaría General de Gobierno, refiriéndose al relevo de Alejandro Leal por Jorge Daniel Hernández Delgadillo, que apenas estrenó el cargo ya enfrenta una crisis de credibilidad.
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También hubo señalamientos al gobernador Juan Manuel Carreras López.
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Podría considerarse, por la limitada convocatoria de la marcha, que también es minoritario ese punto de vista en el ámbito empresarial, pero existe.
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La actuación del gobierno estatal en los próximos días definirá cuál punto de vista prevalecerá.
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El Congreso estatal vuelve a ser señalado por la Auditoría Superior de la Federación por anomalías financieras en el ejercicio de los recursos.
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En 2018 fue la primera vez que el órgano fiscalizador realizó observaciones acerca de que el Legislativo potosino había excedido los límites permitidos de incremento en la nómina.
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Lo volvieron a hacer en 2019. Y de hecho, incrementaron el monto del exceso de gasto en el capítulo 1000. En 2018 fueron siete millones y en 2019, subió a diez millones.
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Pese a que ya transcurrió un año de la primera observación, el Congreso potosino no se preocupó por solventarla.
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El Legislativo nos recuerda que todavía debe muchas explicaciones sobre el manejo del erario.
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De manera sorpresiva, la Junta de Coordinación Política destituyó a Irma Reyes Tovar como coordinadora de Finanzas del Congreso. La funcionaria ha sido blanco de críticas y peticiones de que sea despedida. Los motivos no se conocen aún.
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¿Suena al lector el nombre de Cuauhtli Badillo Moreno? Es probable que no. Es uno de los diputados federales plurinominales de Morena por San Luis Potosí, que luego de ocupar el cargo, desapareció del radar.
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Hasta ayer, que presentó a San Lázaro su petición de licencia. Lo más probable, es que vaya por la candidatura a algún otro cargo.
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¡HASTA MAÑANA!