No pasaron ni 24 horas de la declaratoria oficial de Pozos como el municipio 59 del estado y ya surgieron los primeros indicios de turbulencia política generada por la decisión.
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Y como era de esperarse, fueron de la alcaldía capitalina de donde salieron los primeros cuestionamientos. Tampoco fue sorpresa que la polémica se enmarque en la rivalidad política entre el ayuntamiento y los baluartes del movimiento gallardista: Palacio de Gobierno y
el Congreso.
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El alcalde Enrique Galindo Ceballos expresó ayer una crítica al Congreso, al señalar que no hubo encuentros previos al decreto para negociar lo que ocurriría en los meses en los que el nuevo municipio tenga una autoridad, el concejo, pero sobre todo, expuso la incertidumbre sobre lo que pasará con el patrimonio y los recursos del municipio capitalino en relación con el nuevo ayuntamiento.
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Se refirió a lagunas de interpretación en el decreto y expuso que hubo intentos, infructuosos, de dialogar con el Congreso.
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No la expresó directamente, pero se adivina la reticencia de su gobierno de destinar el patrimonio municipal capitalino en una instancia a la que siente ajena. Con todo, dejó en claro que el gobierno capitalino no dejaría de prestar los servicios “esenciales”.
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También expresó sus dudas sobre con quién negociar, pues el naciente municipio no tendrá quién lo administre sino hasta que el consejo creado exprofeso se instale el 1 de octubre.
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Y también expuso la incertidumbre de su gobierno ante el desembolso para financiar servicios, sobre la situación laboral de los burócratas capitalinos que ejercen sus labores en Pozos, la dotación de varios servicios e incluso la definición territorial de los nuevos vecinos.
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Sin embargo, el decreto de creación del municipio expresa en su quinto artículo transitorio que “hasta en tanto sea instalado el Concejo Municipal, el Ayuntamiento de San Luis Potosí continuará ejerciendo sus funciones y prestando los servicios públicos en las demarcación del nuevo municipio de Villa
de Pozos”.
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También existen disposiciones sobre los temas laboral, presupuestal y normativa.
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El alcalde establece, sin embargo, que esas cuestiones no están resueltas en el decreto, pero expresó su disposición a negociarlas.
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Ahora bien, la alcaldía expresó que no hubo acercamiento en la parte final del proceso. Pero, ¿y antes? Si algo abundó tras el naufragio del primer intento del Congreso en oficializar la municipalización de Pozos fue tiempo. Al menos transcurrieron 9 meses desde que en octubre, los amparos impidieron la primera votación. Hubiera sido adecuado que la alcaldía analizara el decreto (ya estaba a la vista) y expresara sus dudas. No lo hizo así, sino que fueron expuestas ya ante un hecho consumado.
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Habrá que ver cómo concluye este desacuerdo, sobre todo, en el jaloneo de recursos materiales y financieros. Pero muy pronto aparecieron las primeras tensiones en este proceso.
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¡HASTA MAÑANA!