Las prioridades de la clase gobernante potosina están claras al comparar el presupuesto que se proyecta otorgar a los partidos políticos en 2020, un año que no es electoral, y el subsidio destinado a los estados para proyectos relacionados con la Alerta de Violencia de Género.
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El costo que pagarán los potosinos por mantener en operación a los partidos políticos locales es 37 veces mayor que lo destinado este año por el gobierno federal a las 17 entidades en las que, por el deterioro de la situación de las mujeres, se emitió una alerta por violencia de género.
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Los actores involucrados en el diseño del presupuesto, desde el propio Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Congreso, que autoriza esa distribución, y el Ejecutivo, que los gestiona, son los responsables de este reparto.
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La disparidad de los montos enoja más si se toma en cuenta que entre las instancias que más violan las disposiciones de la Ley de Transparencia son, precisamente los partidos políticos.
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Más aún, en algunos casos, los partidos han sido responsables de sospechosos manejos, mediante el uso de empresas fantasma, como se ha documentado con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México.
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Opacidad y probable corrupción en el manejo de decenas de millones de pesos destinados a partidos políticos.
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Y en esas circunstancias, se prevé otorgar el próximo año 116 millones de pesos a los partidos políticos, que están entre las instituciones menos apreciadas y que le generan mayor desconfianza a la ciudadanía.
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En contraste, a los proyectos destinados para enfrentar la creciente violencia de género en San Luis se les dieron 3.1 millones de pesos.
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Además de la diferencia abismal entre los montos entre uno y otro rubro, es obvio que han sido recursos cuya inversión no ha generado resultados útiles en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres en la entidad.
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Porque no sólo el feminicidio, la más cruel expresión de esta violencia, van al alza: violaciones, acoso y violencia intrafamiliar y casi todas las atrocidades que deben enfrentar las potosinas en estos días, van en aumento.
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El asunto es que el desinterés de las autoridades, que tan airadamente reclamaron las mujeres que participaron en la espontánea manifestación de ayer, en resolver los feminicidios también se refleja en el reparto de los recursos para terminar con la crisis.
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La medida recaudatoria de endurecer las multas de tránsito a los conductores que se distraigan con el teléfono celular al manejar fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Aunque no fue realizada por la administración municipal actual, la decisión afectará la ya muy pública intención de esta alcaldía de conseguir más recursos públicos.
¡HASTA MAÑANA!