El agua es un bien escaso en San Luis Potosí. Tiene ya muchos años siéndolo. Y, desafortunadamente, todo indica que la situación prevalecerá.
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Parece, sin embargo, que no ha llegado, todavía, el momento de un cambio en las prioridades sobre su uso. La agricultura sigue siendo el principal destino del líquido concesionado en la entidad.
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Los cultivos triplican la cantidad de concesiones que se han destinado para el uso doméstico, siendo el más importante el consumo humano.
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Los problemas de abasto doméstico crecen, sobre todo en las principales ciudades de la entidad. La producción de alimentos es también una prioridad. El sector primario de la economía estatal fue la que más creció, sobreviviendo incluso al impacto de la desaceleración económica de 2019.
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Parece remoto todavía, pero hay muchas probabilidades de que el estado se vea, en algún momento del futuro, obligado a evaluar las prioridades sobre el destino del agua.
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La cuesta de enero debió haber pegado duro en algunos diputados del Congreso del Estado pues, con todo y el jugoso aguinaldo del que dispusieron en diciembre, más su sueldo, al menos tres de ellos negociaron un adelanto en la primera quincena de enero.
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Pedro Carrizales Becerra, ya un asiduo en este tipo de trámites, recibió un anticipo de 146 mil 678 pesos. La ayuda que, asegura, da a algunos ciudadanos, es el motivo de los recurrentes préstamos.
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Otro habitual de los adelantos salariales, Mario Lárraga, tramitó un cheque por cien mil pesos y Paola Arreola fue la que menos adelanto pidió: 70 mil pesos.
Los ricos también sufren la crisis, es la lección que nos dan los diputados.
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Vientos de cambio soplan en la Contraloría General del Estado, pero de domicilio.
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La sede de la CGE en la avenida Carranza ya está quedando chica, es cierto, pero la idea del lugar de mudanza no está gustando a muchos.
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Y es que los mandos de la Contraloría tienen en mente un edificio de la calle de Goytortúa, aquel que hace tiempo ocupaba la Secretaría de Salud.
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Que deba invertírsele una buena cantidad para hacerlo funcional, el cambio de rumbo y la ausencia de estacionamiento son algunos de los inconvenientes que la tropa le ve a la posible nueva sede.
Tanta es la inconformidad que ya hasta interviene la dirigencia del sindicato mayoritario, lo que apunta a que va a ser un cambio de sede muy disputado.
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La respuesta de la secretaria general del comité estatal del PRI, Yolanda Cepeda Chavarría, a los resultados negativos de la fiscalización a las cuentas públicas que presentó cuando era alcaldesa de Aquismón, es estándar: se están atendiendo las observaciones y es adelantado asumir conclusiones cuando la solventación está en curso.
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Sin embargo, parece olvidar que ya algunas observaciones se han convertido en sanciones, siete, para ser exactos, cuyas consecuencias debe enfrentar la secretaria general electa.
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Pero eso no parece ser prioridad para la política… ni para el PRI.