Como empleado bancario de esos que hacen llamados incómodos intentando endeudar al que se deje, el diputado Héctor Serrano Cortés, mandamás de la bancada verde y presidente de la Junta de Coordinación Política llama al gobierno del estado y a los municipios a contraer deuda con Banobras.
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Ayer, un funcionario de esa institución federal, Antonio García Carreño, presentó a los legisladores las “bondades” de adquirir deuda con la banca pública de desarrollo, argumentando que el potencial de endeudamiento de los ayuntamientos está lejos de alcanzarse.
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Curiosamente, las cifras y las justificaciones que expuso el funcionario federal estaban contenidas, casi letra por letra y número por número, en las iniciativas que presentó el diputado morenista Carlos Arreola Mallol precisamente para autorizar a las administraciones estatal y municipales una carta blanca para endeudarse con Banobras.
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El mismo día que este medio las reveló, el legislador anunció que habían sido retiradas de su planteamiento al Congreso, argumentando que necesitaba diversos ajustes y la socialización del tema.
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Vistas las cosas, parece que el orden de los eventos se trastocó, adelantándose la presentación de las iniciativas a la conferencia de Banobras.
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En todo caso, queda en evidencia el gran entusiasmo que le está poniendo el Congreso a la idea de endeudar a las autoridades estatales y municipales. Pareciera que, como a los trabajadores de los “call centers” bancarios, los diputados obtendrían algún beneficio.
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El caso Rich se empantana en los laberintos legales, los acuerdos extrajudiciales y los dobles ´papeles de las autoridades involucradas.
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Pasar hasta enero la audiencia intermedia es clara muestra de que la justicia en San Luis no es expedita.
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Pero hay un ángulo del caso del que nadie parece reparar: el papel de la plaza comercial que albergaba el antro y que pareciera tener alguna, incluso tanta responsabilidad que la propia empresa detrás del antro.
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Técnicamente, los jóvenes que acudieron al evento aquel fatídico día pasaron primero por la plaza y la barrera de cristal que se rompió era parte de la misma.
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El acceso inicial debió haber sido controlado por personal de la plaza y el control de los eventos que se desarrollan en los diversos locales también era su responsabilidad.
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Hay denuncias contra los empleados de la empresa del antro, contra funcionarios municipales y del gobierno del estado, pero no se sabe de expedientes abiertos contra la empresa de la plaza.
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Y no se trata de restarles culpabilidad a unos y a otros, que la tienen. Y bastante. Pero parece que ese ángulo del caso no se ha revisado con profundidad.