Por décadas, comuneros de San Juan de Guadalupe han transitado un largo camino jurídico para asegurar la tenencia de su tierra. De hecho, además de largo trayecto legal para conseguir el reconocimiento de la posesión de las tierras de la comunidad han sufrido la venta hasta por dos o tres veces de sus tierras a manos de rivales que se aprovecharon por generaciones de la ignorancia de los propios habitantes.
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Este domingo, representantes de la comunidad dejaron en evidencia una práctica que por más de cuarenta años ha afectado no sólo a los miembros de esa organización agraria, sino también a compradores de buena fe de terrenos y casas, quienes acuden con frecuencia a pactar con supuestos vendedores que les ofrecen terrenos ya asignados a otras personas, y más grave aún, sin el consentimiento de la asamblea del comisariado de bienes comunales.
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Hace algunos años los comuneros prescindieron de los servicios del dirigente social Carlos Covarrubias Rendón, quien por décadas se ha presentado como abogado de la comunidad. Lo despidieron porque a juicio de los presidentes de los comisariados de bienes comunales de diversas épocas, el activista se ha ostentado como representante para sacar provecho de la ingenuidad de los comuneros, y de usuarios de redes sociales, con argumentos que llegan hasta lo inverosímil.
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Por ejemplo, este domingo, Covarrubias Rendón fue señalado por comuneros como el responsable de proteger a una familia que aún por estas fechas vende tierras de San Juan de Guadalupe a Rendón fue señalado por comuneros como el responsable de proteger a una familia que aún por estas fechas vende tierras de San Juan de Guadalupe a varios compradores a la vez. Este domingo el dirigente social se presentó para tratar de interrumpir la asamblea comunal acompañado no de comuneros, sino de activistas que por instantes golpearon las puertas para tratar de ingresar al salón comunal.
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Si dirigentes como ellos sobreviven a los problemas en los que envuelven a inocentes, es obvio que cuentan con la protección de las autoridades que debieran ponerles freno. La preocupación por el medio ambiente y las reservas naturales es un asunto legítimo, que se vuelve insostenible cuando lleva tras de sí una campaña de desinformación, como ocurrió durante el incendio forestal de la Sierra de San Miguelito en una zona kilométricamente distante del área de reserva de aportaciones de la comunidad de San Juan de Guadalupe.
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No es necesario ir a preguntar a una autoridad municipal si se incendió la Sierra de San Miguelito, cuando además de ser una obviedad, es inútil preguntarle sobre un asunto que se originó de la difusión de noticias falsas. Además, el movimiento de supuesta protección de la Sierra, encabezado por quien señalan como protector de los que venden terrenos a varias personas a la vez, carece de sustento si se considera que el polígono en discusión no pertenece al área de reserva natural, sino a los terrenos de aportaciones documentados desde hace décadas.
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El índice de criminalidad considerado en páginas de internet como parte de los datos considerados oficiales de homicidios, podría cobrar mayor validez al contrastarlo con la realidad de las calles, inseguras en la ciudad de San Luis Potosí desde que llegaron las bandas organizadas hace ya aproximadamente 12 años. Hace dos sexenios se pensaba que la autoridad en turno había pactado con personas de malas costumbres, en el antecesor el gobernante estaba enfocado más a los pobrecitos que al crimen, y en el caso del actual gobierno pareciera ser que lo que hay es vacío de autoridad en materia de seguridad.
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¡¡HASTA MAÑANA!!