Es muy probable que la respuesta desde Palacio de Gobierno a la queja del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) sobre la ausencia de planeación en el proceso de entrega de licencias gratuitas es que sea un pataleo de la burocracia porque, ahora sí, las pusieron a trabajar.
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Pero el sindicato tiene razón en señalar que las oficinas recaudadoras han sido rebasadas por la demanda ciudadana. Que la espera por realizar el trámite es larga debido a la falta de planeación o a la subestimación de la respuesta, es algo que podría saberse en los siguientes días.
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Pero sería un error minimizar las molestias que enfrentan quienes buscan completar el trámite y resaltar que la alta demanda es un reflejo del éxito de la medida.
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Es poco probable que por el escaso tiempo que dio el Ejecutivo entre la presentación de su iniciativa, su aprobación en el Congreso del Estado y su puesta en marcha, la Secretaría de Finanzas haya establecido un programa de preparación de sus oficinas recaudadoras para atender el trámite.
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Y es evidente que no se previó la gran respuesta de los aspirantes a tener una licencia gratuita.
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Viene el cambio de plazas. La lección está ahí. Ojalá que Finanzas y la burocracia la aprendan para que se eviten las molestias a una ciudadanía que sólo quiere ver su trámite cumplido.
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En la recta final de la administración de Xavier Nava Palacios, vecinos de la colonia Alamitos se quejaron de una intensa ola de robos a vehículos y a los domicilios.
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Lamentablemente, que ahora, con una nueva administración, lo sigan haciendo es indicativo de que fueron ignorados.
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La administración de Enrique Galindo Ceballos enfrenta problemas por la carencia de vehículos, toda vez que el polémico contrato de las patrullas arrendadas en el trienio anterior no se repitió.
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Aún así, mantiene la obligación de garantizar la vigilancia y las medidas preventivas de seguridad pública.
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Tiene el problema heredado de un parque vehicular acotado en la policía municipal. Pero la seguridad pública de sus ciudadanos ya es su problema, también.
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Al menos hasta ahora, si algo han mostrado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos es cordialidad.
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En actos públicos se les ha visto muy compenetrados y eso se refleja en sus pronunciamientos.
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Sin embargo, hay un asunto que podría poner a prueba esa cercanía. El gobernador le ha puesto el ojo a la compra millonaria y de última hora de videocámaras que realizó el gobernador Juan Manuel Carreras en la recta final del sexenio anterior.
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En Palacio se habla de un sobreprecio en la adquisición del equipo y servicios de la empresa SYM Servicios Integrales y otras irregularidades.
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Entre los funcionarios del gobierno anterior involucrados en la contratación de esos equipos está Ricardo Galindo Ceballos, hermano del alcalde.
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Su firma aparece, por ejemplo, en el oficio mediante el cual se justificaba la adjudicación directa de un contrato por 22 millones de pesos a la empresa.
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¿Qué efectos tendría en la relación entre el gobernador y el alcalde que el pariente del edil fuera involucrado en las investigaciones?
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¡HASTA MAÑANA!