La presunta anomalía por la que el ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda, fue detenido no estaba en el radar público de hechos polémicos; ni en el archivo mediático ni en los que ha revelado esta administración.
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Sin dar mayor profundidad, como era de esperarse, la Fiscalía General del Estado reveló que la renta de un inmueble con recursos públicos, que no fue destinado para el fin que se había previsto y que, sugirió, el exfuncionario detenido se benefició.
El monto es importante, tres o cuatro millones de pesos, pero está lejos de las sumas manejadas en otros asuntos polémicos, como el del sistema de videovigilancia adquirido al final de la administración.
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Como era de esperarse, la administración estatal, vía la Secretaría General de Gobierno, se colgó la medalla de la captura y adelantó que va con todo contra la corrupción. Aunque se cuida de decir que la responsabilidad de lo que ocurra corresponde a la Fiscalía General del Estado, en teoría autónoma, y el Poder Judicial.
Habrá que ver qué tan bien armada está la denuncia y si la Fiscalía logra fincar un caso en firme.
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Tantos señalamientos sobre la lucha contra la corrupción quedarían en entredicho si el primer gran caso que se presenta, acaba con la liberación del acusado.
La alcaldía capitalina prepara otra gran licitación. Se trata del concurso para adquirir 606 pólizas para el parque vehicular y 24 para maquinaria.
En este concurso, en teoría, no están incluidas las nuevas patrullas, que se suponen ya vienen aseguradas.
Habrá que ver si el ayuntamiento sigue con la opaca tendencia de no informar cuánto pagará por esta licitación, como pasó con las licitaciones por el seguro médico de la burocracia municipal.
Que el propio alcalde no tenga a mano las cifras de este tipo de compras es un cuento que nadie cree.
El ex diputado local Pedro Carrizales sumó otro día desaparecido y parece que los estados en donde se presume se registró su último paradero están negando, precisamente, esa situación.
Nuevo León, donde se afirmaba en los primeros días de la desaparición que era su última ubicación conocida, apuntó a la frontera tamaulipeca como ese escenario.
Ayer, el gobierno de Tamaulipas reviró señalando que no hay evidencia de que el potosino haya pisado esa entidad.
El titular de la Dirección General de Pensiones, Jorge Escudero Villa, desmintió los documentos de su dependencia, e incluso a él mismo, al señalar que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona pagó el adeudo con el sistema estatal de retiro en diciembre y enero.
El funcionario indicó que “se ha reducido de manera sustancial el pasivo”, mientras que el acta decembrina de la sesión de la Junta Directiva de Pensiones, el propio funcionario afirma que el gobierno gallardista no hizo ningún pago en el tercer mes de su gestión, elevando a más de 600 millones de pesos el incremento.
Palabras contra documentos.
Si alguien pensaba que en la pasada administración había algo de solidaridad entre sus integrantes, el exsecretario general del gobierno de Juan Manuel Carreras López y hoy diputado local, Alejandro Leal Tovías, firmó su acta de defunción.
Consciente de quién es el posesionario del mango del sartén en estos tiempos, el legislador casi aplaude la aprehensión del exsecretario de Seguridad Pública, su excompañero de gabinete y con quien, en razón del cargo que tenía, debía tener muchísima colaboración.
El exfuncionario en desgracia debería abandonar toda esperanza de que le llegue alguna ayuda de sus ex compañeros.
???? ¡HASTA MAÑANA!